Demoras en los Procesos de Extradición en Colombia
La Fiscalía colombiana enfrenta una lentitud inusual en los procesos de extradición hacia otros países. A pesar de que el presidente Gustavo Petro debe dar el visto bueno final para las entregas, en su despacho permanecen estancados numerosos casos que ya han superado el examen de la Corte Suprema de Justicia. Aunque Colombia mantiene un ritmo elevado de extradiciones, los tiempos de decisión se han vuelto irregulares, lo que resalta un dilema en la colaboración del país con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Estadísticas del Primer Semestre
En el primer semestre de 2023, Colombia ejecutó 154 extradiciones, 84 por delitos relacionados con el narcotráfico y 94 hacia Estados Unidos. En 2024, el total alcanzó 198 entregas. Sin embargo, existe un estancamiento en los casos de algunos capos de la droga, lo que pone en cuestión la eficiencia del sistema judicial. Durante el gobierno inicial de Petro, el tiempo promedio entre el aval de la Corte Suprema y la firma presidencial era de una a dos semanas, contrastando con los plazos actuales que han despertado inquietudes entre fiscales y abogados involucrados en estos procesos.
Casos Notables en Proceso de Extradición
Uno de los casos más emblemáticos es el de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, segundo al mando del grupo transnacional Tren de Aragua. Detenido desde junio de 2024, su extradición fue aprobada un año después, pero la firma presidencial, que solía demorar entre días y semanas, sigue pendiente tras cinco meses. Según la Fiscalía, esta demora se debe a la existencia de solicitudes simultáneas por parte de Chile y Venezuela, complicando su traslado.
Otro caso significativo es el de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, disidencias de las FARC. Capturado en Bogotá, su extradición fue condicionada por su participación en un proceso de paz, haciendo que el presidente Petro suspendiera su traslado a Estados Unidos para evitar tensiones en las negociaciones de paz.
Finalmente, Willington Henao, alias Mocho Olmedo, líder de la disidencia conocida como Frente 33, también tiene su extradición hacia Estados Unidos pendiente. La aprobación de su extradición se produjo en mayo, pero la suspensión en julio ha dejado su futuro incierto. Igualmente, el caso de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda criminal de La Inmaculada, fue avalado por la alta corte, pero aún aguarda la firma del presidente.
La creciente tensión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, junto con el objetivo de Petro de demostrar resultados en su política de paz, hace que la reactivación de estos casos sea cada vez más improbable.
