El Ministerio de Defensa de Colombia ha emitido un decreto este miércoles 11 de febrero, también conocido como el «llamamiento a calificar servicios», que resulta en la retirada del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza del servicio activo de la Policía Nacional. Esta decisión responde a una orden del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de intentar sabotear su reciente encuentro con Donald Trump. Aunque Petro no ha proporcionado muchos detalles, Urrego ha negado las acusaciones en varias entrevistas, lo que ha centrado la atención en una situación crítica que el país enfrenta, incluyendo severas inundaciones en la costa Caribe.
Durante una reunión del Consejo de Ministros en Montería —una de las ciudades afectadas por las inundaciones—, el presidente Petro mencionó: “Hay un general que ordené retirar de la Policía”. Aseguró que alguien, “obviamente no nosotros”, intentó colocar sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de dañar la reunión con Trump. Sin embargo, no se presentaron detalles sobre cómo se enteró del incidente, ni se especificaron pruebas que respaldaran sus alegaciones. En cambio, sugirió que Urrego había estado involucrado en un allanamiento en la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla, ciudad donde Urrego se desempeñaba como comandante.
La medida fue concretada mediante el decreto emitido al mediodía y, previamente, Urrego había defendido su inocencia en conversaciones con medios locales. Aseguró a Caracol Radio que “es una total desinformación la que ha recibido el señor presidente” y que sus funciones no estaban relacionadas con el esquema de seguridad del mandatario. Urrego también reveló su intención de considerar acciones legales para defender su honor.
La reunión entre Petro y Trump marcó un cambio significativo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en un contexto donde las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina, programadas para el 8 de marzo, y con las presidenciales el 31 de mayo. Esta cercanía se consideraba un obstáculo para la izquierda, según los análisis de opinión pública, que reflejan un deseo en la población colombiana de establecer relaciones armoniosas con el país norteamericano.
En su intervención, el presidente Petro también expuso su preocupación sobre otros temas que le generan «alarma». Acusó a la fiscal general Luz Adriana Camargo de implementar una estrategia para atacarlo a través de procesos legales contra personas cercanas a su administración, un punto que se ha vuelto crítico en su gobierno. En días recientes, la Fiscalía anunció que imputaría cargos a Ricardo Roa, exgerente de su campaña presidencial por supuestas violaciones a los límites de gastos electorales.
Petro mencionó a su hijo Nicolás, quien enfrenta acusaciones sobre la recolección y apropiación de fondos de su campaña, así como a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien está bajo juicio por presuntos actos de corrupción relacionados con la entrega de recursos públicos a cambio de apoyo político.
El mandatario, además, volvió a señalar la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida. En esta ocasión, fue menos específico que en otras denuncias previas. Este tipo de afirmaciones evocan los recuerdos de una época violenta en la historia política de Colombia, donde las elecciones estaban marcadas por asesinatos de candidatos.
La historia reciente de violencia política en Colombia, marcada por asesinatos durante la campaña presidencial de 1990, sigue presente en el imaginario colectivo. A menos de seis meses de concluir su mandato, Petro enfrenta desafíos políticos y sociales significativos, lo que pone de relieve la complejidad del panorama político en el país.
