Aumento de la Unidad de Pago por Capitación en Colombia y sus Implicaciones
A medida que finaliza el año, el Gobierno de Colombia ha revelado un dato crucial sobre la salud pública: la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este monto es el que el Gobierno transfiere a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada ciudadano afiliado. Según anunció el Ministerio de Salud, la UPC aumentará un 9,03% para el régimen contributivo, que abarca a la mayoría de los trabajadores y empleadores del país, y un 16,49% para el régimen subsidiado, destinado a las poblaciones más vulnerables. Con esta decisión, el presupuesto destinados a salud pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a 101,3 billones en 2026, lo que equivale a un incremento de 11,6 billones de pesos.
Reacciones del Gremio de la Salud
A pesar de este aumento, el sector salud ha manifestado su preocupación, considerándolo insuficiente. Juan Carlos Giraldo Valencia, médico y director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, aseguró que “existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC”. Este desfase, según Giraldo, pone en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario, ya que desafía el equilibrio entre los gastos obligatorios del sector y los ingresos provenientes de la UPC.
“La salud en Colombia se encuentra estrechamente relacionada con el salario mínimo. Solicitamos al Gobierno que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo para mantener un equilibrio entre estas variables”, agregó Giraldo, reflejando el consenso del gremio sobre la necesidad de un aumento más robusto.
Crisis Financiera en el Sistema Sanitario
El sector sanitario ha alertado que la falta de un aumento significativo de la UPC podría perpetuar una crisis financiera que limita la capacidad de las EPS para ofrecer servicios adecuados. La Corte Constitucional también había ordenado en enero a la administración revisar la UPC para 2024 y 2025, argumentando que el aumento propuesto del 5,3% no era suficiente para cubrir costos operativos.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, afirmó que el incremento del 16,5% para el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte, pero el aumento del 9% para el régimen contributivo es “muy bajo” en comparación con lo esperado, especialmente cuando se contemplaba un ajuste de alrededor del 17%.
Impacto en la Atención Sanitaria
La falta de un aumento adecuado en la UPC es un reflejo de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de salud. Vesga sostuvo que “el Ministerio de Salud no reconoce el rezago actuarial significativo”, resaltando las graves deudas entre aseguradoras y prestadoras, lo que agrava la situación de los pacientes y la calidad de atención.
Expertos del sector han criticado repetidamente la estrategia del Gobierno de mantener la UPC baja, afirmando que esto podría llevar a un colapso del sistema sanitario actual, que ya ha sido objeto de intentos fallidos de reforma. La propuesta estrella del presidente Gustavo Petro ha fracasado en el Congreso en dos ocasiones, y se cierra un año de prolongadas discusiones sobre la salud en el país.
Intervenciones y Desafíos Futuras
La administración de Petro ha intervenido actualmente a ocho EPS gestionadas por la Superintendencia de Salud, que representan más de 23 millones de afiliados. La Nueva EPS, la más grande de estas entidades, presta atención a 11 millones de personas y fue intervenida en 2024, pero los problemas de calidad en el servicio persisten, según testimonios de sus afiliados.
Recientemente, la EPS ha estado en el centro de la atención mediática debido a la decisión de Droguerías Colsubsidio de suspender a partir del 1 de enero la entrega de medicamentos a sus afiliados, una medida provocada por los retrasos en los pagos por parte de la EPS. El aumento en la UPC, considerado insuficiente por el gremio, solo exacerba la tensión económica que ya se siente en un sistema sanitario deteriorado.