Una semana después de que el Gobierno Nacional anunciara la cancelación de órdenes de captura contra voceros de las Estructuras Criminales de Alto Impacto (EAOCAI) en Medellín y el Valle del Aburrá, la mesa de diálogo de paz tuvo que ser suspendida temporalmente. Esta decisión se tomó tras la denuncia de la concejal del partido Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, quien reveló en el cabildo distrital un video del cantante de vallenato Nelson Velásquez actuando en la cárcel ‘La Paz’ de Itagüí, Antioquia, donde se encuentran recluidos los líderes criminales que han estado en conversaciones con el Gobierno durante los últimos tres años.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazó la realización del concierto, afirmando que no estaba autorizado, y ha ordenado el cambio de director del penal. Además, se abrió una investigación contra siete funcionarios que estaban de turno durante el evento.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo R, confirmó la suspensión de la mesa de diálogo mientras se aclaran los hechos. Este proceso era uno de los pocos que se mantenía activo dentro de la política de Paz Total. En este contexto, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico y delegada en la mesa, expresó su preocupación al publicar un video en redes sociales. Zuleta destacó la falta de claridad sobre qué voceros podrían estar involucrados en la polémica y anunció la cancelación de las actividades programadas en el marco del diálogo.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, un crítico del gobierno de Gustavo Petro, hizo comentarios sobre el incidente. “Las fiestas de criminales condenados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí se asemejan a las que hacía Pablo Escobar en La Catedral. La diferencia es que en esa época Escobar fue perseguido con toda la fuerza de la ley. Hoy, con Petro, los narcos son gestores de paz,” afirmó en su cuenta de X.
Este revés para los diálogos de paz no es aislado. El lunes, la fiscal general Luz Adriana Camargo derogó una resolución que levantaba las órdenes de captura contra 16 de los 23 delincuentes del Valle de Aburrá, designados como gestores de paz por el Gobierno. Camargo argumentó errores en la solicitud inicial realizada por el comisionado de paz, señalando: “No nos imaginamos que se hiciera una solicitud para suspender órdenes de captura respecto a personas que cumplen condenas.”
La continuidad de esta mesa de diálogo era esencial para la política del presidente Petro, que buscaba alcanzar un Acuerdo Condicionado de Paz Urbana en Medellín y sus alrededores. El Gobierno había señalado que los progresos en esta mesa estaban relacionados con la disminución de homicidios y extorsiones en la ciudad.
