Durante más de cuatro décadas, el general Óscar Naranjo ha sido una voz autoritaria en el análisis de la violencia en América Latina. Su trayectoria es un reflejo de las transformaciones y los límites de los estados frente al crimen organizado. Naranjo desempeñó un papel crucial en la caída de los principales carteles colombianos en la década de 1990, lideró los servicios de inteligencia en momentos críticos para su país y encabezó reformas policiales que profesionalizaron las investigaciones criminales. Como vicepresidente, participó en la construcción de acuerdos de paz que marcaron un hito en la historia reciente de Colombia. Esta combinación de experiencia operativa, visión estratégica y habilidad política lo ha convertido en una figura consultada por gobiernos, organizaciones internacionales y centros académicos que buscan entender por qué, a pesar de los esfuerzos, América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo.
Naranjo, de 68 años, observa la actualidad con preocupación y claridad analítica. Advierte que la situación actual es el resultado de un ciclo prolongado de fracasos: la fragmentación del crimen organizado en estructuras territoriales altamente disruptivas; la toma del debate público por posturas ideológicas que dificultan la formulación de políticas basadas en evidencia; la creciente militarización de la seguridad como respuesta populista; la insuficiencia en el fortalecimiento de la investigación judicial y la rendición de cuentas; y la aparición de organizaciones que, tras la pandemia, buscan no solo enriquecer, sino competir con el estado por legitimidad social.
Desafíos de la Seguridad en América Latina
Pregunta. ¿Qué desafíos particulares observa en la situación de seguridad actual de América Latina?
Respuesta. Estamos viviendo una serie de fracasos en una región que ha sido considerada la más violenta del mundo durante los últimos 40 años. La fragmentación de las estructuras del crimen organizado ha permitido que impacten a nivel local, regional y nacional. Ya no persiguen solo el poder económico para influir políticamente, sino que han implementado un proceso de gobernanza criminal territorial. Buscan controlar territorios, imponer reglas de comportamiento, cooptar autoridades locales a través de la corrupción o la intimidación, y proteger sus economías criminales.
Un ejemplo claro es el Tren de Aragua, que comenzó como un grupo criminal dentro de una prisión venezolana y logró penetrar 11 países en la región con objetivos variados como extorsión, homicidios a sueldo, microtráfico, migración y trata de personas. Este fenómeno, que se pensaba circunscrito a México, Centroamérica y Colombia, ahora genera alarma en países como Uruguay, Chile y Argentina.
Nueva Ecosfera de la Violencia
Q. ¿Cómo se debe abordar esta nueva ecosfera de violencia?
A. Para lograr resultados sostenibles, es necesario liberar nuestra comprensión de la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado del secuestro ideológico. Mientras las organizaciones criminales se integran, la región se fragmenta en tres sectores políticos. Un sector aboga por un enfoque contundente, otro sostiene que mientras haya pobreza e inequidad, habrá violencia, y un tercer sector que propone fórmulas de políticas públicas basadas en evidencia, que está ausente.
Lo que se observa es que las políticas de seguridad pública están influenciadas por el narcotráfico. Es esencial entender el fenómeno que enfrentamos y reconocer que, tras la pandemia, hemos visto una evolución en el crimen, donde las organizaciones buscan legitimarse socialmente en ausencia de un estado efectivo.
El Fracaso de las Estrategias de Seguridad
Q. ¿A qué atribuye estos fracasos?
A. El contexto es un debate de más de 50 años entre posturas prohibicionistas y liberacionistas respecto al uso y producción de drogas. La fallida guerra contra las drogas presenta dos caras: los gobiernos a menudo optan por una respuesta populista que militariza la lucha contra el narcotráfico, lo que busca más moldear la opinión pública que alcanzar resultados reales. Lo más preocupante es esta militarización de la lucha contra el crimen cuando debería llevarse a cabo a través de la investigación, la inteligencia y la capacidad judicial para procesar a los responsables y combatir la impunidad.
Estratégias de Extorsión
Q. Ha mencionado la extorsión. ¿Cómo se puede combatir?
A. La ola de crimen organizado post-pandemia ha puesto de manifiesto el debilitamiento de tres elementos fundamentales del estado de derecho: el monopolio del estado en las armas, en la administración de justicia y en la tributación. En particular, el estado ha perdido el monopolio en la extorsión, que lleva presente entre 15 y 20 años, según la literatura clásica sobre la extorsión siciliana.
En América Latina, se ha hecho poco para que la ciudadanía denuncie colectivamente y de forma anónima, asegurando a las autoridades que actúen de oficio. Alguien que teme por su vida no puede simplemente presentar una queja formal.
La Inteligencia en la Lucha Contra el Crimen
Q. Parece haber una falta de capacidad preventiva, independientemente del estado. ¿Cuál es el estado de la inteligencia en la lucha contra el crimen?
A. La inteligencia no será suficiente mientras los gobiernos la consideren como responsabilidad exclusiva de ciertos equipos. Debería ser un esfuerzo conjunto que involucre a la academia, ciudadanos, el sector empresarial y víctimas. Las instituciones tienden a minimizar los problemas para evitar un mensaje negativo sobre el avance del crimen, lo que limita la rendición de cuentas y la responsabilidad política.
La Nuera Estrategia en México y Colombia
Q. En México, Claudia Sheinbaum está reformando la política de seguridad. ¿Qué piensa al respecto?
A. Con la presidencia de Sheinbaum, México ha abierto una oportunidad al asumir el costo político de nombrar a Omar García Harfuch como secretario de seguridad pública, un técnico más que un político. Esto representa un valioso paso hacia la rectificación del legado de los gobiernos anteriores y su intento de fortalecer las capacidades judiciales.
Q. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha priorizado su política de paz sobre la seguridad. ¿Hacia dónde debería dirigirse el país para evitar un nuevo ciclo de violencia?
A. Replantear la seguridad territorial es fundamental. Dada la fragmentación y proliferación de grupos, se requiere un enfoque territorial específico para cada fenómeno. Además, Colombia no debe abandonar la implementación del acuerdo de paz de 2016, que ha sido obstaculizada.
Contribución de Estados Unidos a la Lucha Contra el Crimen
Q. ¿Qué puede aportar Estados Unidos en la lucha anti-crimen, considerando que todos los países de la región trabajan de la mano con agencias estadounidenses?
A. Lo primero es entender la lógica política de Estados Unidos, que se basa en la disuasión. Si quiere acuerdos comerciales, amenaza con aranceles, y si busca reducir la migración, lanza políticas estrictas. En el ámbito del narcotráfico, es evidente que la disuasión se manifiesta en varias dimensiones, incluyendo el despliegue naval y la caracterización de grupos como terroristas.
Preservar relaciones horizontales entre las agencias de EE. UU. y los países de la región es fundamental, defendiendo la soberanía de cada nación. Finalmente, hay que mostrar que mejores resultados se logran mediante la recopilación de inteligencia y la condena de los narcotraficantes, enfatizando que el estado de derecho significa llevar a los delincuentes ante la justicia.
