Movimientos Sociales en Colombia y el Gobierno de Gustavo Petro: Un Apoyo en Tiempos de Tensión
A tan solo cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, varios movimientos y grupos sociales mantienen su apoyo político al presidente Gustavo Petro, a pesar de las inconformidades que han surgido durante casi cuatro años de su gestión. Organizaciones de campesinos, indígenas y maestros, que previamente habían defendido sus derechos durante el estallido social de 2021, siguen sosteniendo una relación complicada pero firme con el primer gobierno contemporáneo de izquierda. El politólogo Yann Basset señala que “había muchas expectativas de los movimientos sociales frente a este gobierno”, aunque también reconoce que, si bien no ha habido rupturas ni represión, existen distanciamientos significativos.
El Caso del Cauca: Fumigaciones con Glifosato
Un ejemplo reciente de este desacuerdo se observa en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Aquí, diversas comunidades campesinas se oponen a la reanudación de las fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos. A pesar de las promesas de Petro de rechazar el uso de este químico y enfocar las políticas estatales en los eslabones más grandes del narcotráfico, la Policía Antinarcóticos ha notificado a los alcaldes locales que comenzarán las aspersiones en enero.
Diego Reyes, presidente de la Asociación Campesina Agroambiental de la Cordillera del Patía, explica que en su zona 7.000 familias dependen de la siembra de coca. “Sabemos que esta alternativa no es eterna, pero primero deben cambiarse las condiciones de vida del campesinado: no hay vías, ni otros mercados para el desarrollo agrario”, afirma. A pesar de su descontento, Reyes ratifica el apoyo a la izquierda en las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo, asegurando que apoyar al gobierno no implica renunciar a criticarlo.
Avances y Desafíos en el Movimiento Indígena
Las organizaciones indígenas también han expresado sus inquietudes por el incumplimiento de acuerdos sobre la entrega de tierras y la continua presencia de grupos armados en sus territorios. Sin embargo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha reconocido algunos avances, como la reglamentación del sistema educativo indígena y una mayor representación política. “Es un buen balance, no excelente, pero vemos una forma diferente de gobernar”, comenta Joe Sauca, miembro del CRIC.
Educación y Salud: El Apoyo de Fecode
En el ámbito educativo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) también ha expresado sus preocupaciones. En 2024, la organización protestó por las deficiencias en un modelo de atención en salud destinado a más de 800.000 maestros y sus beneficiarios. A pesar de los problemas, la dirigente sindical Martha Rocío Alfonso sostiene que el apoyo a la administración de Petro persiste: “Nos unimos en la necesidad de hacer profundos cambios sociales, incluyendo la defensa de la educación pública”.
Críticas y Desafíos a la Autonomía de los Movimientos Sociales
Sin embargo, algunas organizaciones han adoptado una postura más crítica. Juliana Ramírez, vocera de la Cumbre Nacional Popular, señala que los movimientos sociales han perdido autonomía y, con ello, la capacidad de presionar por cambios substanciales. “Hemos dejado de tener una agenda propia”, lamenta.
Basset destaca la situación peculiar de los movimientos sociales bajo un gobierno de izquierda, que deben balancear sus demandas sin alienar a sus bases. “Este dilema nunca se había planteado, ya que solían considerarse parte de la oposición. Ahora enfrentan el desafío de mantener sus reivindicaciones”, añade.
El Sector Minero y el Impacto de las Políticas de Petro
Grupos que se oponen a las transformaciones más drásticas promovidas por el presidente también han alzado la voz. Mineros tradicionales, que protestaron en Boyacá y Cundinamarca, reclaman que no se han cumplido los acuerdos de formalización laboral y que las cargas tributarias persisten, lo que amenaza 20.000 empleos directos. “Estamos decepcionados, pero esperamos un cambio en la situación a partir del 7 de agosto”, dice Yolman Pedraza, vocero de los mineros.
En este contexto, Basset concluye que Gustavo Petro, quien asumió el cargo en 2022 con el apoyo de los grupos populares, no puede ignorar las demandas de estos sectores. La falta de articulación entre el gobierno y los movimientos sociales podría dificultar la movilización de estas bases en el futuro.