Aprobación de la Ley de Modernización Laboral: El Desafío del Gobierno de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei ha fijado un objetivo crucial para principios de 2026: la aprobación de la ley de modernización laboral. Este proyecto se debatirá en sesiones extraordinarias del Senado el miércoles 11 de febrero, mientras que se prevé una gran movilización de protestas frente a las instalaciones legislativas. Si se aprueba, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su decisión final.
Objetivos de la Nueva Legislación
La nueva ley tiene como propósito principal reducir la informalidad en el mercado laboral argentino, que actualmente alcanza casi el 43%. Para lograrlo, el gobierno propondrá incentivos para las empresas, incluyendo la reducción de indemnizaciones por despido, descuentos impositivos y cambios en la regulación de horas extras y vacaciones. Asociaciones sindicales han anunciado movilizaciones, argumentando que la ley fomenta la precarización laboral.
Contexto y Resistencia
La legislación laboral existente en Argentina se remonta a 1974 y ha enfrentado una considerable resistencia tanto en las calles como en el ámbito judicial. El Gobierno de Milei confía en que su creciente representación en el Congreso, fortalecida tras las elecciones de octubre, le permita avanzar sin contratiempos, en un contexto marcado por la pobreza y el desempleo, según encuestas recientes.
Posturas del Gobierno y la Oposición
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ha criticado la normativa actual, afirmando que «ha condenado a millones a la informalidad y a salarios bajos». En declaraciones a Infobae, argumentó que la nueva legislación facilitará la creación de empleos y fomentará un círculo virtuoso de inversión y crecimiento. En contraposición, la oposición kirchnerista ha calificado la iniciativa como un «mamarracho jurídico» y ha indicado que, de ser aprobada, llevará el caso ante la Justicia.
Cambios Clave en el Proyecto
Entre las reformas más polémicas se encuentra la creación de un fondo de inversiones para el pago de indemnizaciones, permitiendo a los empleadores redirigir un aporte del 3% del salario de sus trabajadores a este fondo. Aunque esto supone un alivio para las empresas, ha sido criticado por potencialmente desfinanciar el sistema jubilatorio en un momento crítico para la demografía argentina.
La nueva ley también abarata las indemnizaciones por despido y permite su fraccionamiento en hasta 12 plazos. Además, las empresas ahora podrán pagar oficialmente en moneda nacional o extranjera, y tienen la opción de ofrecer parte del salario en especie, como alojamiento o alimentación, ampliando la jornada laboral de 8 a 12 horas si se respeta el descanso de 12 horas entre turnos.
En cuanto al régimen de horas extra, se propone introducir un «banco de horas», poniendo fin a la obligatoriedad de compensaciones económicas, lo que podría influir negativamente en los trabajadores con responsabilidades familiares, principalmente mujeres. Las vacaciones también se verían afectadas, siendo divisibles en periodos de siete días durante todo el año, lo que podría desajustar la planificación familiar.
Incentivos y Reducción de Derechos Sindicales
La legislación prevé implementaciones de incentivos fiscales significativos para medianas empresas, incluyendo la condonación de deudas fiscales por la falta de aportes y beneficios para la regularización de empleados desempleados. Sin embargo, esta reforma también busca reducir el poder de los sindicatos al limitar los convenios colectivos y restringir el derecho a huelga.
Plazo y Expectativas de Aprobación
El Gobierno espera contar con la aprobación de esta ley antes del 1 de marzo, fecha en la que Javier Milei pronunciará su discurso inaugural del año legislativo en Argentina. Aunque el presidente ha mostrado reticencia a modificar el proyecto, se ha mencionado que podría renunciar a la reducción del impuesto a las ganancias para empresas, debido a la oposición de gobernadores preocupados por la reducción de sus ingresos.
La versión definitiva del proyecto se conocerá el día de la votación en el Senado. Patricia Bullrich, figura clave del oficialismo en la Cámara Alta, asegura que el Gobierno cuenta con los votos necesarios y confía en una aprobación rápida en Diputados. A pesar de la posible judicialización, el Ejecutivo se muestra optimista respecto al respaldo de la Corte Suprema.
