La Nueva Ley de Libertad Educativa en Argentina
El Estado argentino redefine su función en el sistema educativo, adoptando una posición subsidiaria y cediendo mayor poder a las familias. Con el impulso del presidente Javier Milei, la educación en el hogar, conocida en Estados Unidos como homeschooling, se autoriza oficialmente. Este modelo permite a los padres influir en la gestión escolar, llegando a tener la capacidad de nombrar y destituir directores de instituciones educativas. Una notable modificación en la asignación de fondos públicos se dirige a financiar directamente a las familias, que ahora podrán elegir la escuela de sus hijos, generando un entorno competitivo entre las instituciones para atraer estudiantes.
Cambios Sustanciales en la Educación
La propuesta legislativa ya presentada, la Ley de Libertad Educativa, plantea una serie de reformas que Milei espera implementar en la segunda mitad de su mandato, tras el éxito electoral de la ultraderecha en las recientes elecciones de medio término. Aunque se prevén cambios en el financiamiento y la evaluación universitaria, la atención primordial de la reforma se centra en los niveles de escolaridad obligatoria: inicial, primario y secundario.
El texto de la ley enfatiza la “libertad educativa”, señalando el derecho de toda persona a enseñar y aprender de acuerdo a sus convicciones y métodos. Además, establece a la familia como el agente principal responsable de la educación de los menores, con un Estado que actúa como garante sin sustituir la responsabilidad familiar. Esta visión se alinea con el pensamiento anarcocapitalista de Milei, que prioriza el individuo y el mercado sobre la intervención estatal.
Impacto en la Educación Pública
Con más de 11 millones de alumnos en el país, de los cuales más del 70% asiste a escuelas públicas, la implementación de esta reforma representaría un cambio radical en el sistema educativo argentino. La doctora en Educación Myriam Feldfeber destaca que esta reforma podría vulnerar el derecho a la educación consagrado en la Constitución y cuestiona cómo se afectan los principios que fundamentaron la educación pública, obligatoria e inclusiva defendidos por Domingo Sarmiento.
Delegación de Poderes y Nuevas Entidades Educativas
El proyecto de ley promueve la descentralización y la delegación de poderes a las escuelas y nuevas entidades privadas. Si se aprueba, tanto escuelas públicas como privadas podrán diseñar sus propios planes de estudio, siempre que respeten ciertos contenidos mínimos definidos por la Administración nacional. La creación de Consejos de Padres en cada institución permitirá a estas familias asesorar, supervisar y participar en la gestión del personal directivo.
Modificaciones en las Modalidades de Enseñanza
La propuesta incluye la habilitación de modalidades de enseñanza alternativas, como la educación en entornos virtuales y la educación en el hogar. Esto suscita preocupaciones sobre la equidad en el acceso educativo, dado que la enseñanza casera podría favorecer a aquellos con mayores recursos. Mariano Echenique, doctor en Educación, argumenta que el enfoque virtual no puede reemplazar la socialización que ofrece la educación presencial.
Críticas de los Sindicatos de Maestros
Los sindicatos docentes han expresado su oposición a la reforma. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) critica la caracterización de la educación como “un servicio esencial”, lo que se interpreta como un intento de debilitar las huelgas y movilizaciones docentes. Los sindicatos argumentan que la reforma favorece a las grandes corporaciones y profundiza la privatización del sector educativo.
Situación Actual y Futuras Implicaciones
El Gobierno ha presentado la ley recientemente, aunque aún no ha sido enviada al Congreso para su debate. La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones educativas privadas y religiosas, mientras que enfrentará la resistencia del peronismo y del centro-izquierda, así como de la mayoría de los gremios docentes y de la comunidad educativa del sistema público en Argentina.
