El Gobierno de Javier Milei Lanza una Oficina de Respuesta Oficial
El Gobierno de Javier Milei ha inaugurado este jueves una Oficina de Respuesta Oficial, cuyo propósito es «desenmascarar mentiras y operaciones de los medios», según anunció el presidente en sus redes sociales. Esta iniciativa surge en un contexto marcado por tensas relaciones entre el gobierno de ultra-derecha y el periodismo en Argentina.
Contexto y Función de la Nueva Oficina
La nueva oficina está bajo la dependencia de la Secretaría de Comunicación de la Casa Rosada y es dirigida por Juan Pablo Carreira, quien ocupa el cargo de director de Comunicación Digital de la Presidencia. En un comunicado oficial publicado en la red social X, se detalla que la Oficina de Respuesta Oficial tiene la misión de «desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y evidenciar las operaciones de los medios y la casta política». Además, se destaca que esta entidad busca evitar que la desinformación quede sin respuesta y pretende restaurar la verdad en el flujo informativo.
Reacciones en el Gobiernos y Críticas
El lanzamiento fue respaldado por Milei y varios de sus ministros. Santiago Caputo, un asesor presidencial destacado, expresó que muchos periodistas «que dicen ser responsables no están ejerciendo la profesión adecuadamente» y que ahora se enfrentaran a «una respuesta oficial del Gobierno» respecto a sus «mentiras».
Sin embargo, críticos de la medida han comparado la nueva oficina con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell, sugiriendo que su creación busca controlar y manipular la información. El Foro del Periodismo Argentino (Fopea) rechazó la iniciativa, argumentando que «el Gobierno no puede erigirse como un tribunal de la verdad».
Primeras Intervenciones de la Oficina
En su primera acción, la Oficina de Respuesta Oficial replicó un artículo del diario Clarín sobre la transformación de planes sociales en programas de capacitación, calificándolo como una «burda operación». En otro enfrentamiento, cuestionaron las declaraciones de la legisladora de izquierda Vanina Biasi, quien denunció sanciones a trabajadores del Hospital de Pediatría Juan Garrahan por manifestarse contra recortes presupuestarios.
Análisis de Expertos
Diego de Charras, docente e investigador en derecho a la información y políticas de comunicación, señala que, aunque es positivo que el Estado habilite nuevos canales para el acceso a la información, existe escepticismo sobre la genuina intención del Gobierno al crear esta oficina. De Charras, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, apunta que Milei ha aumentado la opacidad en la gestión de datos y que actualmente se promueve un proyecto de reforma laboral que derogaría el estatuto del periodista profesional.
Además, resalta que la relación entre el Gobierno y los trabajadores de la comunicación se caracteriza por «agravios verbales, físicos o persecuciones judiciales». La creación de esta oficina podría interpretarse como un intento de imponer una única narrativa en lugar de buscar la verdad.
Conflicto con la Prensa
Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha mantenido una postura confrontativa hacia la prensa, descalificando a los periodistas críticos y acusándolos de recibir sobornos. Su rechazo a realizar conferencias de prensa ha resultado en que muchas de sus entrevistas sean con medios afines. También ha clausurado la agencia estatal de noticias Télam y ha suspendido la publicidad oficial, aunque la ha mantenido a través de empresas estatales.
Informes sobre Libertad de Expresión
El último informe anual de Human Rights Watch destaca que Milei y sus altos funcionarios han utilizado «una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas». En este sentido, se subraya que Milei ha afirmado que los argentinos «no odian lo suficiente a los periodistas».
Un diagnóstico aún más crítico proviene de un informe elaborado por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y sindicatos de prensa, que advierte sobre la persecución judicial, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales como estrategias del Poder Ejecutivo para silenciar voces disidentes.
