El Gobierno de Javier Milei y la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso nacional con un amplio consenso, ha enfrentado resistencia por parte del presidente Javier Milei. A pesar de su veto inicial, los legisladores se manifestaron en contra de esta objeción presidencial, lo que llevó al Gobierno a finalmente reglamentar la ley, cumplimiento que se produjo tras una resolución judicial que exigió su puesta en marcha. Sin embargo, el Ejecutivo ha apelado esta decisión, buscando frenar su aplicación en tribunales.

Detalles de la Ley y su Reglamentación

La reglamentación del decreto de Milei establece que, aunque la ley de emergencia se pone en marcha, esto se realiza “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”. Esta norma determina una situación de emergencia en discapacidad por un año, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses. Entre sus disposiciones, la ley establece un nuevo marco para las prestaciones y pensiones destinadas a personas con discapacidades, asegura el financiamiento necesario, prevé la actualización periódica de los estipendios, y regula las deudas acumuladas con prestadores de servicios.

Impacto en Sectores Sociales

La atención a las personas con discapacidad, al igual que otros sectores como la educación pública, la salud y el pago de salarios estatales, ha sido sacrificada por el Gobierno en sus esfuerzos por lograr un superávit fiscal. Desde su aprobación en julio pasado, la ley se encontró con múltiples obstáculos por parte del Gobierno, que intentó obstaculizar su implementación no solo mediante el veto presidencial, sino también buscando su derogación a través del presupuesto para 2026, lo que fue igualmente rechazado por el Congreso.

Intervenciones Judiciales y Reacciones del Público

Ante la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo, numerosos afectados y sus familias presentaron reclamos en los tribunales. El juez federal Adrián González Charvay aceptó una acción de amparo colectivo, considerando inválida la suspensión y afirmando que el argumento de falta de recursos era “falaz”, ya que el Ejecutivo tiene la facultad de ampliar o modificar partidas presupuestarias. El juez ordenó la aplicación inmediata de la ley, fijando el 4 de febrero como fecha límite para su entrada en vigor.

Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, ha sido una de las voces que se han pronunciado públicamente en favor de la ley. “Ya tenemos ley reglamentada y no ley suspendida”, celebró, haciendo un llamado a la mejora de la situación de los centros de atención que han cerrado, indicando que muchas familias se han quedado sin servicios esenciales para sus hijos.

Proyectos de Futuro y Controversias

A pesar de la reciente reglamentación de la ley, la Casa Rosada sigue tratando de bloquear su implementación a través de apelaciones judiciales. La atención a las personas con discapacidad ha generado serios problemas para el Gobierno, en parte debido a la oposición al recorte de fondos y, además, por investigaciones en curso sobre corrupción en el área. La filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, ha puesto de relieve la supuesta existencia de un sistema de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos, involucrando a la hermana del presidente, Karina Milei. Este caso sigue siendo objeto de investigación judicial.