La administración de Javier Milei ha dejado en una situación crítica a las universidades públicas y al Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de Argentina. Ambas instituciones, fundamentales en el tejido social y educativo del país, son valoradas por alrededor del 90% de la población, según diversas encuestas. Sin embargo, a solo cinco días de las elecciones legislativas, el presidente ha decidido ignorar compromisos que podrían mejorar su financiación.
Recortes en salud y educación
El Gobierno argentino promulgó recientemente leyes que aumentan la financiación a las universidades y al Hospital Garrahan, pero posteriormente, Milei emitió un decreto que suspende su aplicación hasta que se especifique la fuente de financiamiento. Esta estrategia se asemeja a la utilizada por Milei para vetar una ley sobre discapacidad, que garantizaba tratamientos a un grupo vulnerable.
Un precedente alarmante
Las normativas en cuestión contaron con el respaldo de más de dos tercios del Congreso. Nunca antes en la historia reciente del país había un Ejecutivo desconocido leyes con tal nivel de apoyo legislativo, lo que ha generado denuncias de inconstitucionalidad y pedidos de juicio político. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha calificado esta acción como “un nuevo acto de autocracia”, argumentando que los decretos de suspensión son nulos e inconstitucionales.
División de poderes y críticas opositoras
Desde la oposición, se ha advertido que la negativa de Milei a acatar leyes aprobadas vulnera la división de poderes. Los legisladores critican la falta de coherencia en su enfoque sobre el equilibrio fiscal, señalando la reimposición de papeletas electorales y el interés del Gobierno en evitar la publicación de la imagen de un candidato oficialista renunciante por razones polémicas.
La diputada Julia Strada cuestionó la aparente selectividad del Ejecutivo en la aplicación de su presupuesto, mostrando cómo los recortes a universidades y hospitales contrastan con las rebajas fiscales temporales para grandes multinacionales que han costado al Estado más de 2.000 millones de dólares.
Protestas frente a la Casa Rosada
Este martes, docentes, personal de salud y pacientes se manifestaron frente a la Casa Rosada exigiendo que se respeten las leyes que Milei ha decidido ignorar. Entre los manifestantes, un empleado del Garrahan, Maximiliano Bares, afirmó que “Milei gobierna como un monarca” y anunció la intención de solicitar un juicio político contra él y sus ministros.
Un grupo de manifestantes incluía a Fátima, una niña que recibió tratamiento en el Garrahan tras la extirpación de un tumor cerebral. Su madre, frustrada, destacó la importancia de mantener la financiación del hospital, que considera crucial para la salud de los niños argentinos.
Impacto en tratamientos y educación
La situación es igualmente grave para las decenas de miles de personas con discapacidad que dependen del Estado para costear tratamientos. Con una inflación que ha alcanzado el 22% en 2025 y un congelamiento en el precio de las sesiones de los prestadores, muchos de ellos enfrentan precariedad económica.
En el ámbito educativo, el recorte en fondos para universidades ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de concluir el año lectivo. Desde que Milei asumió el cargo, los docentes han experimentado una pérdida de poder adquisitivo de un 46%, un golpe mayor al sufrido durante los últimos ocho años de gobiernos anteriores.
Las manifestaciones en defensa de la educación pública han sido las más significativas en contexto de la administración de Milei. A pesar del apoyo popular hacia las universidades, el presidente parece estar actualmente decidido a mantener su postura en vísperas de las elecciones.
