Recientemente, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han generado controversia al romper la expectativa de austeridad que prometieron al asumir el cargo. A tan solo cinco meses de su entrada en funciones, se hicieron públicas las compras de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, un gasto que contrasta marcadamente con sus declaraciones iniciales de ahorro y responsabilidad fiscal.
Primer pecado: contradicción con la austeridad
La adquisición de estas lujosas camionetas, cuyo costo equivalente podría cubrir dos meses de pensión para 3,750 adultos mayores, representa un claro incumplimiento de la promesa de austeridad del nuevo gabinete judicial. Este gasto no solo cuestiona la legitimidad de los ministros, sino que refleja un regreso a prácticas cuestionables que habían sido criticadas por ellos mismos en la administración anterior.
Los miembros de la Corte asumen sus cargos en un contexto donde los excesos de los funcionarios previos son bien conocidos: salarios superiores al del Presidente, fideicomisos opacos y gastos excesivos en diferentes rubros que generan indignación en un país con desigualdad económica. A pesar de criticar el sistema, estos nuevos ministros ahora parecen beneficiarse de sus rezagos.
Segundo pecado: confusión de funciones
La reforma judicial implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció principios claros respecto a la separación de funciones. Se buscaba que los jueces dediquen su labor a administrar justicia en lugar de recursos económicos. Por esta razón, se creó un órgano de administración judicial distinto de la Suprema Corte, encargado de gestionar compras y presupuestos.
Sin embargo, la reciente decisión de adquirir camionetas reveló una grave confusión en la separación de funciones del aparato judicial. La compra pasó por el Comité de Gobierno y Administración de la Corte —un órgano de asesoramiento— cuando debería haber sido el órgano de administración el que autorizara dicho gasto, conforme a la ley. Esta irregularidad plantea serias dudas sobre la efectividad de las reformas propuestas.
La nueva Corte aún muestra diferencias respecto a la anterior, pero los signos de opacidad y una preocupante subordinación del órgano administrativo a la jurisdicción comienzan a emerger. Si la administración judicial toma decisiones basadas en la Corte en lugar de ejercer su autonomía, el sistema no ha cambiado sustancialmente. Los ministros harían bien en recordar que su verdadera fortaleza reside en la congruencia y la legitimidad, no en el blindaje de sus automóviles.
