Suspensión del Aumento del Salario Mínimo en Colombia Genera Reacciones Controversiales
La reciente suspensión temporal del incremento del salario mínimo, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro para 2026, ha generado un gran revuelo político en Colombia. La decisión del Consejo de Estado, emitida este viernes, se produce en un momento crítico, a poco más de un mes de las elecciones legislativas del 8 de marzo y a días de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo. La medida fue rechazado de manera unánime por el presidente, ministros, candidatos del oficialismo y sectores de izquierda. De manera inesperada, también los candidatos de la oposición se posicionaron en defensa de los trabajadores, reflejando una confusión y un desafío en el debate político.
Impacto Económico del Aumento Suspendido
El incremento del salario mínimo había beneficiado a cerca de cuatro millones de trabajadores formales, estableciendo un ingreso de dos millones de pesos mensuales, equivalentes a aproximadamente 500 dólares. Sin embargo, el Consejo de Estado justificó la suspensión argumentando que este aumento cuadruplicaba la inflación anual proyectada para 2025, lo que podría generar un “impacto irreversible” en las pequeñas y medianas empresas. La Corte también advirtió que el decreto carecía de una “justificación jurídica y económica verificable”, y ordenó al Gobierno emitir un nuevo salario mínimo transitorio en un plazo de ocho días.
Reacciones del Gobierno y de la Oposición
La respuesta del Gobierno fue rápida y contundente. Gustavo Petro utilizó la plataforma X, antes Twitter, para destacar que la suspensión del salario mínimo vital amenaza la Constitución, que protege el poder adquisitivo de los trabajadores. “El gran capital deberá decidir si opta por un pacto social que no le conviene o por el enfrentamiento social y político”, agregó. La vicepresidenta Francia Márquez apoyó esta postura, subrayando que un salario mínimo vital es esencial para avanzar hacia una mayor justicia social.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también criticó la decisión, sugiriendo que estaba motivada por intereses políticos. “La gente tendrá que decidir en la campaña quién defiende a los menos favorecidos”, afirmó, reforzando la narrativa de un “bloqueo institucional” contra las políticas del Gobierno, que han sido desafiadas en varias ocasiones por las cortes.
Reacciones de Candidatos de Izquierda
Los aspirantes a la presidencia desde la izquierda no tardaron en expresar su desacuerdo. El senador Iván Cepeda, quien encabeza las encuestas, denunció el fallo como un “atentado contra las políticas sociales” y previó una fuerte reacción social. Su compañera de campaña, la senadora María José Pizarro, instó a movilizarse en las calles y en las urnas. Otros candidatos como Roy Barreras y Daniel Quintero también sumaron su voz a estas convocatorias, buscando aprovechar el descontento social en la campaña electoral.
Posturas de la Oposición
Los candidatos de derecha y centro derecha, agrupados en la llamada Gran Consulta, se enfrentan al reto de equilibrar su mensaje de oposición a Petro y su apoyo a los empresarios. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, propuso un acuerdo político que salvaguarde el aumento salarial al tiempo que se protejan los intereses empresariales. “Necesitamos disminuir la carga tributaria y aliviar costos para facilitar el pago del nuevo salario”, señaló.
Vicky Dávila, senadora del Centro Democrático, también hizo un llamado a defender los derechos de los trabajadores, exigiendo al Gobierno que emita un decreto que cumpla con los requisitos legales. La senadora Paloma Valencia propuso soluciones para proteger tanto a trabajadores como a empresarios. Sin embargo, la senadora Pizarro cuestionó su postura, recordando las resistencias de su partido ante medidas en favor de los trabajadores.
Con la incertidumbre sobre el futuro del salario mínimo y su impacto en las elecciones, el ambiente electoral se intensifica en Colombia.
