Austeridad en la Suprema Corte: Un nuevo desafío para los ministros
La nueva Suprema Corte de México ha adoptado el principio de austeridad republicana promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este enfoque, que en su momento chocó con los anteriores ministros, busca erradicar el régimen de «privilegios» que ha marcado la historia del Poder Judicial. Desde su llegada en septiembre, los nuevos jueces han implementado una serie de medidas simbólicas, comenzando por la reducción de sus salarios, establecidos ligeramente por debajo del de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la reciente compra y posterior devolución de nueve camionetas blindadas ha suscitado críticas, trayendo consigo un debate sobre la coherencia de sus decisiones en relación al mandato de austeridad.
Las consecuencias de decisiones controversiales
La Suprema Corte, al igual que los líderes del partido gobernante, Morena, se enfrenta a un escrutinio constante respecto a sus gastos. Durante su toma de protesta, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, señaló que “no puede haber justicia con privilegios”, enfatizando que la austeridad y la transparencia deben ser pilares fundamentales del nuevo Poder Judicial. Sin embargo, sus acciones recientes son objeto de análisis crítico por parte de un público que se muestra cada vez más exigente.
La adquisición de las camionetas blindadas no fue el único movimiento polémico. La ministra Lenia Batres también ha sido criticada por la adjudicación de un contrato de 35,000 pesos para un retrato que, finalmente, no se realizó. Según la Corte, este tipo de retratos son una tradición institucional, destinados a conmemorar a todos los ministros desde el siglo XIX, y no únicamente para el uso de los actuales ocupantes del cargo.
Gastos cuestionables en el contexto de austeridad
Otro punto de controversia ha sido la compra de varias togas para ceremonias, con un costo total de alrededor de 300,000 pesos. Este gasto ha sido puesto bajo la lupa en el marco de las recientes decisiones sobre las camionetas, aunque se asegura que gastos similares fueron realizados bajo la administración anterior.
La Suprema Corte ha enfrentado un laberinto de críticas en donde lo que es considerado superfluo o necesario a menudo resulta confuso. Sus decisiones se analizan meticulosamente en redes sociales, donde las reacciones pueden ser impredecibles y rápidas.
Reasignación de vehículos y justificaciones de seguridad
Las camionetas blindadas, finalmente, serán destinadas a jueces que enfrentan mayores riesgos en su labor, particularmente en el ámbito penal. El Órgano de Administración Judicial justificó la adquisición de estos vehículos al señalar que se trataba de una medida para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales frente a incidentes recientes. Sin embargo, esta decisión deja a los ministros en una situación delicada, al tener que regresar temporalmente a sus vehículos anteriores, lo que podría generar cuestionamientos sobre la seguridad real de sus operaciones.
Demandas de mayor claridad y transparencia
La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado explicaciones sobre estos gastos, subrayando que, más allá del ahorro, la nueva Corte debe adoptar una postura diferente frente a la ciudadanía. A pesar del intento de la Suprema Corte de alinearse con la austeridad prometida, Aguilar ha afirmado que esta no debe comprometer el funcionamiento institucional. “Nos comprometimos a actuar con austeridad, pero eso no significa dejar de funcionar como institución,” señaló. Sin embargo, la dificultad de establecer límites objetivos sobre el gasto continúa planteando desafíos significativos para los nuevos integrantes del Alto Tribunal.
