El Gobierno de Javier Milei ha tenido que fragmentar su proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada para obtener su aprobación en el Senado. Esta normativa recibió media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra en la madrugada de este viernes, aunque sin dos de sus capítulos más controversiales. La administración de Milei decidió eliminar el artículo que retiraba restricciones sobre la venta de tierras a empresas e individuos extranjeros, además de otro que prohibía el cambio de uso del suelo en áreas de pastizales, humedales, bosques implantados y tierras agropecuarias tras incendios.
La fuerte oposición popular a la extranjerización de tierras y el temor a la modificación de la Ley de manejo del fuego, después de años de devastadores incendios en la Patagonia, llevaron a varios senadores a anunciar su voto en contra de ambos capítulos. A pesar de resistir durante tres meses a cualquier modificación, el Gobierno cedió ante la necesidad de una victoria legislativa, incluso si esta es parcial. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
Protestas en las calles
A pesar de la decisión de suprimir el capítulo sobre externización de tierras y las condiciones climáticas adversas, miles de personas se manifestaron en las calles bajo el lema “la patria no se vende”. En Buenos Aires, la protesta se intensificó a medida que los trabajadores se unían a la convocatoria en la plaza frente al Congreso. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando la policía lanzó gases lacrimógenos, lo que provocó una desbandada entre los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad respondieron con agua a presión, gases lacrimógenos y balas de goma para contener grupos que intentaban derribar las vallas frente al Congreso. Esta represión generó un aumento de la tensión en el centro de la ciudad, donde se registraron enfrentamientos que se prolongaron por más de tres horas. Hasta el momento, se han reportado diez detenidos y al menos cinco heridos, entre ellos una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado debido a un piedrazo.
Un debate postergado
Milei y su Gabinete han manifestado su intención de modificar la ley de tierras, vigente desde 2011, pero han decidido posponer el debate a la espera de circunstancias políticas más favorables. Este nuevo fervor nacionalista, intensificado tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial y la exhibición de una bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas”, ha influido significativamente en la percepción pública respecto a la venta de tierras.
El Gobierno sostiene que permitir la venta de tierras rurales a intereses extranjeros podría impulsar la inversión foránea. En declaraciones recientes, el canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la idea durante una entrevista en el canal A24, sugiriendo que la venta podría traer beneficios a Argentina.
La administración de Milei ha argumentado que, al derogar la Ley de tierras, el país podría captar inversiones cercanas a los 15.000 millones de dólares. Actualmente, cerca de 13 millones de hectáreas, que representan el 5% de la superficie argentina, están en manos de extranjeros, observándose una mayor concentración en áreas fronterizas y de recursos estratégicos.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el rechazo social a la extranjerización de tierras ha ido en aumento. Según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, aproximadamente ocho de cada diez argentinos apoyan límites a la venta de tierras. Personalidades influyentes, como el futbolista Lisandro Martínez y varias cantantes, han expresado su oposición a la iniciativa, promoviendo un sentimiento colectivo que se ha hecho evidente en eventos masivos recientes.
Los críticos del proyecto denunciaron que esta era una nueva «ley ómnibus» que buscaba abordar múltiples temas de forma presurosa. Durante el debate legislativo, el senador peronista Mariano Recalde argumentó que las restricciones propuestas a las expropiaciones funcionarían como un «blindaje» que facilitaría la venta de tierras, generando preocupación entre legisladores respecto a los impactos en situaciones de desalojo, que actualmente se encuentran en niveles históricos.
