La JEP y su Continuidad Bajo el Respaldo de la ONU
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional establecido por el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, continuará recibiendo apoyo de las Naciones Unidas a pesar de recientes decisiones en el Consejo de Seguridad. Este soporte se encontraba en incertidumbre luego de que el Consejo decidiera reducir el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, afectando las sanciones restaurativas y el capítulo étnico del acuerdo. Este jueves, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció que se encargará de estas tareas cruciales para preservar la legitimidad internacional del Acuerdo de Paz de 2016.
Coordination del Avance en Sanciones Restaurativas
“El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia seguirá trabajando de manera coordinada para apoyar la implementación de las sentencias restaurativas impuestas por la JEP”, confirmó el equipo de la ONU en Colombia mediante un comunicado. El acuerdo entre el Estado y el ACNUDH permite a esta entidad realizar funciones que incluyen el acompañamiento a las víctimas y colaborar en la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas por el mecanismo de justicia transicional.
Desde el ACNUDH, se destacó que aunque estas tareas estaban contempladas en su mandato, fueron cedidas a la Misión de Verificación al momento de su creación en 2017. Sin embargo, al perder estas funciones, la oficina del ACNUDH retoma de forma integral su rol. «Es un placer continuar apoyando a la JEP y a todos los actores involucrados en este proceso de justicia transicional», afirmó Scott Campbell, representante de la agencia en Colombia.
Reacciones de la JEP y el Consejo de Seguridad
La JEP expresó su “indiscutible apoyo” por parte de la ONU, destacando su importancia en la restauración de los derechos de las víctimas. Alejandro Ramelli, magistrado y presidente del tribunal, mencionó que el respaldo internacional se mantiene firme, brindando tranquilidad a las víctimas y a los comparecientes.
El Consejo de Seguridad, el pasado viernes, decidió renovar por un año el mandato de la Misión de Verificación, pero restringiendo sus tareas a tres de las cinco que gestionaba: reforma rural integral, reintegración de excombatientes y garantía de seguridad para las comunidades. A pesar de estas limitaciones impuestas, el voto no contó con el respaldo total de Estados Unidos ni de Rusia, que se abstuvieron.
El embajador estadounidense, Michael Waltz, expresó que bajo la administración de Donald Trump, existe una menor disposición para ceder en temas de paz y seguridad debido a un «proceso de paz deficiente». Además, sugirió que, tras la salida de Petro, las relaciones entre Washington y Bogotá mejorarían, insinuando motivaciones políticas tras la votación.
Implicaciones y Críticas a la JEP
Antes de la confirmación del ACNUDH, diversos sectores habían expresado su preocupación respecto a la decisión del Consejo de Seguridad. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, calificó la exclusión del capítulo étnico como un “retroceso significativo” hacia una paz justa para las comunidades. Por su parte, Rodrigo Londoño, exlíder de las FARC, instó a Petro a solicitar al Consejo de Seguridad una revisión de la decisión.
Julián Gallo, excomandante de las FARC y actual senador del partido Comunes, subrayó el papel crucial de la Misión de Verificación como mediador entre la JEP y los exguerrilleros, indicando que la JEP no tiene capacidad para verificar sus propias sanciones, lo que justifica la necesidad de un ente externo. Gallo también sostiene que el organismo de la ONU ha perdido confianza en el tribunal especial debido a la lentitud en la emisión de sentencias.
Recientemente, la JEP emitió sus dos primeras sentencias, una contra el último secretariado de las FARC y otra contra 12 exmilitares por el caso de los falsos positivos. Las sanciones dictadas generaron críticas entre políticos opositores y víctimas reconocidas, como la exsenadora Ingrid Betancourt.
Ante la situación, el ACNUDH indica que aún no se ha definido un plan claro para retomar las funciones de la Misión de Verificación y anticipa un periodo de transición. Las sentencias de la JEP fueron dictadas hace seis semanas y su implementación está en sus inicios, marcando el comienzo de un desafío significativo para la verificación de las sanciones restaurativas.
