La Generalitat Valenciana consideró implementar medidas de emergencia en respuesta a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) el 29 de octubre de 2024, justo cuando la tragedia había cobrado ya 230 vidas. Ignacio Lleó, abogado de la Consejería de Justicia e Interior, declaró este martes ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que fue consultado sobre la posibilidad de un confinamiento de la población en esa misma tarde. “Planteé que las normativas de emergencia nacional y autonómica permiten confinamientos y evacuaciones forzosas”, afirmó Lleó durante su testimonio.
Este abogado indicó que realizó las gestiones necesarias para adoptar dicha medida alrededor de las 20:45 horas, informando a su directora general. En ese momento, el Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi)—la entidad encargada de manejar la crisis—ya había emitido alertas masivas a los teléfonos móviles, aunque estas llegaron tardíamente, tras la mayoría de los fallecimientos ocurridos.
El entonces presidente, Carlos Mazón, también había llegado al dispositivo de Emergencias después de haber asistido a una comida que se prolongó por más de cuatro horas en el restaurante El Ventorro de Valencia, acompañado por la periodista Maribel Vilaplana.
Lleó, quien compareció como testigo, una modalidad que implica la obligación de decir la verdad, contextualizó su consulta en relación con las inquietudes jurídicas generadas por la crisis de la COVID-19 en 2020. “La población tenía en mente la restricción de derechos durante la pandemia. Por eso las consultas. La respuesta es que no era necesario un informe de la Abogacía para ordenar desalojos o confinamientos”, añadió.
Su testimonio se produjo tras la presentación de un informe en enero de 2025 por parte de la Abogacía de la Generalitat, el cual destacó que este órgano jurídico había sido consultado mediante una llamada telefónica sobre la viabilidad de confinar a la población el día de la DANA.
