El Gobierno de José Antonio Kast se enfrenta a un desafío significativo antes de ingresar al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional, su primera gran reforma legislativa. Aunque se espera que el presidente revele los detalles de este ambicioso proyecto, que incluye cerca de 40 medidas, en una cadena nacional el miércoles por la noche, ya hay dudas sobre su tramitación. Entre las medidas propuestas destacan la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% y la limitación de la gratuidad para estudiantes de educación superior. Estas iniciativas han generado una fuerte reacción en la oposición, que las considera como una reforma tributaria encubierta.
Reacciones de la Oposición
Los líderes de la oposición se han alineado en su crítica a la propuesta, subrayando que la reforma apunta a debilitar el Estado en su función protectora y a aumentar la desigualdad. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, había previsto una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, para dialogar sobre el proyecto. Sin embargo, Vodanovic suspendió el encuentro tras descubrir que su bancada no había sido consultada durante las negociaciones prelegislativas. “Esto es inédito en los gobiernos, que se busque el diálogo para informar y buscar apoyos, no para ignorar a todos”, comentó la senadora.
Tras estas revelaciones, los parlamentarios socialistas decidieron enviar una carta al presidente Kast indicando que no apoyarán la iniciativa “debido a su carácter regresivo, fiscalmente riesgoso e institucionalmente impropio”. En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini expresó que la reducción de impuestos sin compensación fiscal representa “no solo una inconsecuencia, sino también una provocación”.
Críticas desde el Centroizquierda
Carolina Tohá, exministra del Interior y miembro del Partido por la Democracia (PPD), reiteró que el proyecto debe ser discutido como una reforma tributaria a pesar de sus justificaciones. “Podríamos estar de acuerdo con bajar la tasa corporativa si hubiera compensación, pero no aceptamos que la carga recae sobre los sectores más vulnerables”, declaró en T13 Radio. La Democracia Cristiana también se opone firmemente a la reducción del impuesto a las grandes empresas, argumentando la inconsistencia de hacerlo mientras se habla de estrechez fiscal.
Propuestas Alternativas
Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, ha ofrecido su crítica a las medidas del Gobierno, instando a priorizar la reducción de impuestos en medicamentos y pañales. Esta diversidad de opiniones en la oposición indica que la discusión legislativa será ardua y complicada, poniendo a prueba las habilidades de negociación de la administración de Kast.
Defensa del Gobierno
En defensa de las reformas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la reducción de impuestos beneficiará a 150.000 empresas y a la mitad de la fuerza laboral del país. “Este no es un impuesto que baja solo para los ricos, sino que busca que las empresas tengan más dinero para invertir”, argumentó. García Ruminot también destacó la necesidad de esta medida para mejorar la competitividad, aunque dejó abierta la posibilidad de implementarla de manera gradual.
Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó el proyecto de “controvertido” pero “absolutamente necesario para la reactivación económica”, al tiempo que criticó a la oposición por no comprender las necesidades de reactivación del país.
Cambio en las Prioridades Ciudadanas
La discusión se lleva a cabo en un contexto delicado para el Gobierno de Kast, cuya popularidad ha disminuido desde que tomó decisiones como la de traspasar el costo del alza del petróleo a los consumidores. Según la encuesta Criteria, el 43% de los chilenos cree que la situación económica del país empeorará en los próximos seis meses, un aumento significativo respecto al 15% observado hace meses.
En un giro en las prioridades, el crecimiento económico ha desplazado la preocupación por la seguridad en la agenda pública. La última encuesta Criteria indica que el 64% de la población considera que el crecimiento es la principal prioridad del país, y un 72% opina que para lograrlo se deben incrementar los impuestos a las grandes empresas, en contraposición con las medidas planteadas por el Gobierno actual.
