Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, dejó el pasado lunes la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental, donde cumplía una condena de 45 años por sus vínculos con el narcotráfico. Esta liberación se produjo gracias a un indulto otorgado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha estado intentando influir en las recientes elecciones presidenciales en Honduras, apoyando al candidato conservador Nasry Tito Asfura.
Hernández, de 58 años, había sido condenado en junio de 2024 por el juez Kevin Castel del Tribunal Federal de Distrito de Nueva York. La sentencia se debió a que se había asociado durante más de una década con organizaciones narcotraficantes que sobornaban a autoridades para facilitar la llegada de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Conocido como JOH, se le declaró culpable de conspirar para importar cocaína y de poseer “dispositivos destructivos”, incluyendo un arsenal de ametralladoras.
El proceso judicial contra Hernández generó gran controversia tanto en Honduras como en Washington. Durante su mandato, entre 2014 y 2022, el ex presidente fue un aliado cercano de la Casa Blanca y recibió más de 50 millones de dólares en ayuda para combatir el narcotráfico. Sin embargo, a raíz de las investigaciones, se comenzó a considerar a Honduras un “narcoestado”, debido a la utilización de las instituciones del país por parte de Hernández para proteger sus negocios ilícitos.
El indulto de Trump fue especialmente sorprendente dado el contexto de las acusaciones que pesaban sobre JOH. Su hermano, Juan Antonio Hernández, también estuvo involucrado en actividades delictivas y fue condenado hace cuatro años por sus vínculos con carteles de drogas. Se llegó a acusar a JOH de recibir un millón de dólares del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Los testimonios de narcotraficantes del cartel local Los Cachiros y otros documentos judiciales afirmaron que Hernández ocupaba un lugar central en una de las conspiraciones de narcotráfico más violentas del mundo. La fiscalía aseguró que el ex presidente abusó de su autoridad para facilitar la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, utilizando armas de guerra para proteger sus cargamentos y el dinero de las transacciones.
La detención de Hernández fue un acontecimiento notable. Solo tuvo 18 días de libertad tras dejar la presidencia, durante los cuales fue arrestado en su hogar y enfrentó un proceso de extradición. Los fiscales estadounidenses describieron su conducta como “narcotráfico patrocinado por el Estado”, dado que facilitó el tráfico de aproximadamente 500,000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.
A lo largo de su gestión, Hernández promovió una política de mano dura contra el crimen, en contraposición a las crecientes denuncias de corrupción y manipulación electoral. En 2015, logró que la Corte Suprema declarara inaplicable el artículo constitucional que prohibía la reelección, lo que le permitió participar en las elecciones de 2017. Estos comicios estuvieron marcados por serias irregularidades y se vieron ensombrecidos por la controversia sobre la veracidad de los resultados, que finalmente dictaron su victoria.
En su segundo mandato, Hernández enfrentó denuncias sobre vínculos con el crimen organizado, sumadas a el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sufrió un desfalco de más de 200 millones de dólares. Investigaciones revelaron que parte de esos fondos se utilizaron para financiar las campañas del Partido Nacional, al que pertenecía Hernández.
A pesar de proclamarse como un defensor en la lucha contra el narcotráfico, su gobierno fue denunciado por el desvío de recursos públicos y la corrupción durante la pandemia de COVID-19, lo que avivó aún más el descontento popular. La reciente liberación de Hernández mediante un indulto plantea preocupaciones profundas sobre el futuro político y social de Honduras, un país marcado por la corrupción y el desafío de reconstruir su imagen ante la comunidad internacional.
