Fase Final del Proceso por el Genocidio de la Unión Patriótica ante la JEP
El proceso judicial relacionado con el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica (UP) ha llegado a su fase final en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Este martes, el tribunal de paz transicional imputó a cinco militares retirados como máximos responsables de delitos graves como genocidio, homicidio de personas protegidas y exterminio. Entre 1984 y 2016, esta ola de violencia política dejó más de 5,733 víctimas, en gran parte a manos de grupos paramilitares.
Imputaciones por Crímenes de Estado
La magistrada Catalina Díaz Gómez explicó que el ataque genocida contra la UP estuvo vinculado al éxito electoral del partido, que alcanzó el 4.58% de los votos en las elecciones presidenciales de 1986. Según Díaz, el asesinato sistemático de militantes fue resultado de una política contrainsurgente, orientada a eliminar a la UP como parte de la estrategia contra las FARC.
Los altos mandos militares imputados son el general retirado Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División del Ejército, y el brigadier general retirado Rito Alejo del Río, quien dirigió la Brigada XVII del Ejército en Urabá. También están involucrados los tenientes Jorge Luis Mejía, Eduardo José Figueroa y Manuel Pérez.
Impacto en la Representación Política
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el genocidio afectó todos los niveles de la organización política de la UP, resultando en el asesinato de militantes de base y altos dirigentes. Las estadísticas son alarmantes: se registraron dos candidatos a la Presidencia, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales entre las víctimas. Además, los ataques llegaron a regiones como Urabá, Nordeste antioqueño, Meta y Magdalena Medio, así como a grandes ciudades como Bogotá y Medellín.
Los miembros de la UP no solo sufrieron asesinatos y desapariciones, sino que también fueron objeto de estigmatización y discriminación. Según la JEP, la falta de protección por parte de la Brigada XVII contribuyó al abandono de estos individuos. Además, varios miembros del Ejército ignoraron denuncias sobre la complicidad entre paramilitares y militares durante los crímenes.
Una Historia de Violencia Sostenida
La persecución contra la UP no solo se asocia con el auge del paramilitarismo en los años noventa, sino que comenzó mucho antes, en respuesta a los intentos del partido por consolidar su presencia electoral. Esta violencia persistente a través de ciclos de gobierno y cambios en la doctrina militar ha sido calificada como genocidio político, evidenciando un esfuerzo sistemático para silenciar una voz de oposición.
La magistrada Díaz mencionó que la investigación accedió a archivos de inteligencia militar de la extinta Brigada XX, donde se encontraron informes y comunicaciones que documentan un plan criminal estructurado contra la UP. Un informe particular listado del 11 de agosto de 1994 identificó a 2,640 miembros de la UP como objetivos.
El Camino hacia la Justicia Transicional
Este caso, uno de los más significativos en la historia política de Colombia, comienza a cerrar sus capítulos en el ámbito judicial. La JEP otorgó a los imputados un plazo de 60 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Con los recursos legales en trámite, el proceso se dirige ahora hacia la fase final, donde el tribunal determinará la responsabilidad de los imputados y las sanciones correspondientes.
Imputaciones Adicionales en el Urabá Antioqueño
En otro desarrollo significativo, la JEP ha imputado recientemente a 34 exmilitares, excombatientes de las FARC y empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba por hechos violentos en la subregión del Urabá antioqueño. Se estima que al menos 54,000 personas fueron víctimas del conflicto en esta región crítica. Las investigaciones han puesto atención especial en los impactos diferenciales sobre pueblos étnicos como los Wounaan, Zenú, Emberá y Guna Dule, así como comunidades campesinas y afrocolombianas.
