Retraso en Honorarios afecta a Abogados Públicos en Colombia
Más de 5,000 abogados públicos y contratistas de la Defensoría del Pueblo en Colombia finalizaron diciembre sin recibir sus honorarios a causa de un retraso en los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda. Esta situación fue confirmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien indicó que estos inconvenientes son solo la manifestación inicial de una crisis financiera que se intensificará en 2026.
Recortes Presupuestarios y Crisis Financiera
En el presupuesto aprobado en octubre de este año para 2026, la Defensoría del Pueblo sufrió un recorte de al menos 60,000 millones de pesos colombianos. Aunque se prevé que los pagos de diciembre a los empleados se realicen en enero, Marín expresó su preocupación por el futuro de la entidad que protege los derechos humanos en el país.
“¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, cuestionó Marín a través de la red social X, mientras denunciaba la precariedad económica que enfrenta la institución. Este problema afecta particularmente a los defensores públicos, quienes son clave en la representación de ciudadanos que no pueden pagar por servicios legales.
Preocupación por la Independencia Institucional
Iris Marín ha sido reconocida por su postura independiente frente al Gobierno, a pesar de haber sido designada por el presidente Gustavo Petro. Durante la discusión del presupuesto en el Congreso, la disminución de fondos generó suspicacias sobre si fue una represalia por su independencia. Marín ha reafirmado que su función constitucional implica criticar decisiones gubernamentales cuando sea necesario.
A pesar de sus constantes advertencias, la reducción de presupuesto se mantuvo, con una diferencia de 151,000 millones de pesos (aproximadamente 38 millones de dólares) entre lo solicitado y lo aprobado. Esta reducción plantea serias preocupaciones sobre el papel de la Defensoría del Pueblo, especialmente en un contexto de creciente violencia armada en el país.
Impacto en la Defensa de Derechos Humanos
Recientemente, más de 250 personas fueron desplazadas en Catatumbo debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, lo que pone de manifiesto la urgencia de contar con una Defensoría fortalecida en un escenario de crisis. Leonardo González, director del observatorio de violencia Indepaz, destacó que el hecho de que más de 4,200 defensores públicos no hayan recibido su pago a tiempo es un indicador de cómo el Gobierno prioriza la defensa de los derechos humanos.
Silencio del Gobierno
Hasta la fecha, ni el presidente ni el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se han pronunciado públicamente sobre estos incidentes. Según declaraciones de Marín, tampoco han establecido comunicación directa con ella.
