La madrugada del 20 de febrero de 2019, un Nissan Sentra negro se detuvo frente al hogar de Samir Flores en Amilcingo, un pueblo en el estado de Morelos. Azael Martínez, Salvador Aparicio y Javier Rosendo Pareja bajaron del vehículo e intentaron comunicarse con el activista, quien había fundado una radio comunitaria. Tras llamar a su puerta, lo apresaron y lo arrastraron a la oscuridad, donde le dispararon cuatro veces, impactándolo en la cabeza. Los sicarios se dieron a la fuga por caminos de tierra.
Investigación estancada tras el asesinato
Seis años después del crimen, el juicio contra Javier Rosendo Pareja, supuesto gatillero, inicia en medio de circunstancias oscuras: Azael Martínez ya fue asesinado, Salvador Aparicio desapareció, y la identidad real de El Paisa es desconocida. Tres testigos clave también están muertos o desaparecidos. Aunque el caso apunta a un posible encargo relacionado con la oposición de Samir al Proyecto Integral Morelos, la investigación no siguió esta línea crítica.
Negligencias en la investigación
La indagatoria del asesinato ha sido cuestionada por diversas fuentes. Samantha César, una activista y vecina de Flores, escuchó los disparos esa noche y observó el Nissan durante su huida. Sin embargo, la búsqueda de dicho vehículo fue ineficaz. La policía estatal tardó en actuar y las cámaras de seguridad no fueron solicitadas hasta semanas después, lo que complicó aún más la reconstrucción de los hechos.
Casi cuatro meses después, la Fiscalía solicitó un análisis de las posibles rutas de escape, aunque ya era tarde. Un testigo declaró que el Nissan Sentra pertenecía a Azael Martínez, conocido en la zona por actividades delictivas. Sin embargo, la investigación no avanzó adecuadamente, y muchas pruebas se extraviaron o fueron mal manejadas.
Los vínculos criminales y la falta de voluntad política
Según declaraciones de informantes, la orden de asesinato de Samir Flores fue discutida en diciembre de 2018 por Humberto Sandoval, un rival político de Flores, que buscó la ayuda de una mujer apodada «La Patrona». Este apodo corresponde a una exfuncionaria que ha estado implicada en múltiples delitos. A pesar de los indicios de su participación, este testigo se encuentra desaparecido.
Observaciones del caso también han llegado desde el ámbito político. En 2020, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco insinuó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, conocía la verdad detrás del asesinato pero temía revelarla. La falta de respuesta de las autoridades y la inacción de la Fiscalía han levantado serias dudas sobre la intención de investigar a fondo el crimen.
Transferencia a la Fiscalía Federal
En agosto de 2023, ante la presión familiar, el caso fue transferido a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, coincidiendo con la detención del fiscal Carmona por obstrucción de justicia en otro caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha criticado la actuación de la Fiscalía de Morelos, calificándola de «irregular y negligente».
A pesar de que existen órdenes de aprehensión y un detenido, David Peña, abogado de la familia de Flores, destaca que la impunidad persiste. Aunque se han identificado a los culpables, se teme que la investigación se centre únicamente en los ejecutores materiales, obviando a quienes han dado las órdenes.
Un patrón de violencia contra activistas
Desde la muerte de Samir Flores, al menos 210 defensores del medio ambiente han sido asesinados o desaparecidos en México, concentrados en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Los crímenes a menudo quedan en la impunidad, y el caso de Flores demuestra un patrón más amplio de violencia y represión contra activistas.
El juicio se lleva a cabo tras años de retrasos y aplazamientos, de modo que coincide con el séptimo aniversario del asesinato. Liliana Velásquez, viuda de Samir, todavía vive en la misma casa, mientras que su amiga Samantha César se mudó a la Ciudad de México por la inseguridad. Ambos, junto al abogado Peña, siguen cuestionando quién es el verdadero autor intelectual detrás del asesinato de Flores.
