Microsoft y DigitalEurope, un grupo de presión que incluye miembros destacados como Amazon, Google y Meta, han conseguido introducir en la legislación de la UE una cláusula de confidencialidad que bloquea el acceso público a información crítica sobre el impacto medioambiental de los centros de datos. Esta información ha sido revelada por una investigación realizada por Investigate Europe.
Acceso limitado a datos ambientales
La Comisión Europea recopila datos esenciales sobre centros de datos, como su eficiencia energética y consumo de agua. Sin embargo, la información sobre la huella ambiental específica de cada instalación no está disponible para el público. Esta situación se produce tras la presión ejercida por la industria para modificar la legislación de 2024, con el objetivo de clasificarla como confidencial y comercialmente sensible.
Según un correo electrónico enviado a principios de 2025 a las autoridades nacionales de la UE, un alto cargo de la Comisión recordó que estaban “obligadas a mantener la confidencialidad de toda la información y los indicadores clave de rendimiento de cada centro de datos”.
Viabilidad legal cuestionada
La cláusula de confidencialidad ha despertado preocupaciones legales entre juristas, que consideran que podría infringir las normas de transparencia de la UE, incluyendo el Convenio de Aarhus, que regula el acceso a la información medioambiental. «No recuerdo ningún caso comparable en las últimas dos décadas», declaró Jerzy Jendrośka, profesor de Derecho ambiental, quien ha tenido un papel activo en la supervisión del Convenio de Aarhus.
La creación de esta cláusula se suma a otras excepciones favorables a empresas que se han integrado en la normativa de la UE, como señala Investigate Europe. Según al menos diez juristas consultados, estas medidas podrían violar las disposiciones del Convenio de Aarhus.
Crecimiento acelerado de centros de datos en Europa
Europa está en plena expansión de centros de datos, con una inversión estimada de 176.000 millones de euros en los próximos cinco años. Este crecimiento ha generado inquietudes sobre la contaminación, el consumo excesivo de energía y el impacto sobre las comunidades locales y los hábitats naturales.
La revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE en 2023 buscaba regular el sector, obligando a los operadores a informar sobre indicadores clave de rendimiento. A pesar de ello, un borrador inicial transmitido en diciembre de 2023 propuso que estos datos se publicaran de forma agregada, circunstancia que fue modificada rápidamente por Microsoft y DigitalEurope para que la información fuera considerada confidencial.
Transparencia en entredicho
El artículo que finalmente se publicó en marzo de 2024 exigió a la Comisión y a los Estados miembros mantener la confidencialidad de todos los datos relacionados con el rendimiento y la operación de los centros de datos. Como consecuencia, solo se difunden datos a escala nacional, mientras que los detalles específicos permanecen ocultos, dificultando así el acceso para la comunidad académica, los periodistas y el público general.
Bram Vranken, investigador del Corporate Europe Observatory, señala que este hecho refleja cómo la industria intensifica sus esfuerzos de presión para influir en la legislación de la UE. “Es escandaloso que la Comisión haya copiado y pegado una enmienda de Microsoft”, comentó.
Conflictos legales y preocupaciones comunitarias
Expertos en ley medioambiental también indican que la cláusula transgrede la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que garantiza el acceso público a la información medioambiental. Luc Lavrysen, presidente del Tribunal Constitucional belga, considera que dicha cláusula «incumple claramente» las normas de transparencia.
Además, distintas fuentes de la Comisión Europea han defendido que la confidencialidad siempre ha sido parte de su propuesta, aunque han evadido cualquier comentario sobre el tema. Un funcionario anónimo sugirió que, de hacerse pública la información sobre los centros de datos, los operadores podrían dejar de informar de sus datos.
Iniciativas regionales en Aragón
En Aragón, Microsoft ha presionado a las autoridades para acelerar los plazos de los permisos de urbanismo que regulan la operación de centros de datos. Esta comunidad autónoma se ha consolidado como un importante hub europeo con una inversión de Amazon que supera los 33.000 millones de euros en infraestructura de inteligencia artificial y en la nube.
Sin embargo, estas nuevas normativas han sido criticadas por activistas locales que argumentan que favorecen a las empresas sobre el bienestar comunitario y medioambiental. Ecologistas en Acción Aragón ha llevado a los tribunales el uso del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), instrumento que facilita la expansión de los centros de datos, por considerar que promueve un crecimiento descontrolado.
A pesar de la presión para acelerar los plazos, expertos como aquellos de Client Earth advierten que tales medidas pueden resultar en evaluaciones “precipitadas y superficiales”, algo que tendría un impacto notable en las comunidades cercanas a esta expansión.
La Comisión Europea tiene planeado publicar puntuaciones de sostenibilidad que abarcarán varios indicadores para cada centro de datos, aunque la mayoría de la información continuará siendo confidencial, protegida por la misma cláusula redactada por la industria.
