En los últimos dos meses, 83 personas han sido asesinadas en el Caribe en operaciones relacionadas con la administración de Donald Trump. Aunque no hay pruebas que confirmen que estas personas estaban involucradas en el tráfico de drogas, tampoco existen evidencias que desmientan esta posibilidad. Las familias de los afectados sostienen que eran pescadores, pero también podrían haber sido individuos dispuestos a aceptar 300 dólares por transportar un pequeño cargamento de cocaína, algo que ha sucedido anteriormente.
Sin embargo, si estas acciones fueran parte de una operación contra el narcotráfico, el protocolo estándar de interdicción marítima no consistiría en bombardear embarcaciones ni rematar a los sobrevivientes. Tal protocolo exige detener, inmovilizar y capturar las embarcaciones sospechosas. En estas situaciones, se debe disparar a la propulsión para paralizar la nave y detener a la tripulación, manteniendo así la prioridad de interrogar a posibles traficantes para reunir información sobre los líderes de los carteles y sus financistas.
La legislación federal estadounidense establece una pena máxima de cadena perpetua para los delitos relacionados con el narcotráfico, incluso en el caso de capos como Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión tras su juicio. Esto contrasta con la situación de los 83 fallecidos, sobre los cuales la interpretación de la ley parece ser completamente diferente.
La Resolución de Poderes de Guerra, aprobada en 1973, establece que el presidente de EE UU debe obtener la aprobación del Congreso en un plazo de 48 horas si se van a desplegar tropas en “zonas de hostilidades” por más de 60 días. No obstante, funcionarios de Trump han sostenido que esta legislación no aplica, argumentando que no se ha puesto en riesgo la vida de personal estadounidense, lo que desvirtúa la idea de una guerra en sentido estricto. En realidad, se observa un gobierno que ejerce presión sobre otro más débil mediante sanciones, bloqueos, maniobras militares y acciones letales.
Si realmente estuviera en marcha una ofensiva contra el narcotráfico, los esfuerzos se concentrarían en el Pacífico. Informes de la Agencia de Control de Drogas de EE UU indican que el 74% de la cocaína que ingresa al país lo hace por esa ruta, mientras que solo el 8% proviene de embarcaciones en el Caribe. Aunque Venezuela actúa como país de tránsito para parte de la cocaína proveniente de Colombia, este tráfico está más orientado hacia Europa.
Además, si Trump estuviera realmente librando una guerra contra el narcotráfico, no habría indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Este último fue condenado a 45 años en EE UU por conspirar para introducir cocaína en el país, en contraste con las circunstancias de los 83 muertos.
Lo que se destaca en este contexto es que Trump ha ordenado lo que parece ser ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, en un momento en que se intentan forzar cambios en el gobierno de un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, así como recursos significativos de gas natural y minerales estratégicos para la industria tecnológica y la carrera en inteligencia artificial.
