Recientemente, se informó sobre una trágica operación militar en Colombia que resultó en la muerte de al menos siete menores de edad, víctimas del reclutamiento forzado, durante un ataque a las disidencias de Iván Mordisco. Un análisis adicional de Medicina Legal reveló que entre agosto y noviembre de este año, un total de 15 menores han muerto en bombardeos de las Fuerzas Militares, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de la infancia en el país.
Esta problemática no es nueva. En 2019, el entonces ministro de Defensa renunció tras la muerte de siete menores en otro ataque militar. El informe nacional sobre el reclutamiento y la utilización de niños, titulado Una guerra sin edad (2017), ya evidenciaba el grave problema del reclutamiento forzado en el conflicto armado colombiano.
Falta de protección a la infancia
Uno de los aspectos más preocupantes es el fracaso del Estado colombiano en proteger a niños y adolescentes del reclutamiento por grupos armados ilegales. A pesar de los llamados a priorizar este problema, tanto desde la derecha como desde la izquierda, parece que las acciones concretas siguen ausentes.
En un contexto actual, donde el gobierno de Gustavo Petro se presenta como progresista y con el lema “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, las recientes operaciones militares destacan la falta de alineación entre las promesas y la realidad. A pesar de las intenciones declaradas de reformar el país, la situación de violencia infantil sigue sin resolverse.
Retórica presidencial y su impacto
Gustavo Petro, sin duda, enfrenta desafíos complejos. No puede resolver todos los problemas que aquejan al país, y los gobiernos anteriores también han mencionado que han fallado. Sin embargo, su respuesta a la situación actual ha sido cuestionada. Tras una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., insinuó que el camino para combatir la violencia juvenil es “tratar a los jóvenes con amor”. Este enfoque ha sido criticado por simplificar un fenómeno de gran complejidad y por centrar la responsabilidad en las madres, como si la solución recayese únicamente en ellas.
El reclutamiento forzado no se erradicará solo con mensajes de afecto. Las referencias a la violencia juvenil se han convertido en herramientas narrativas que desvían atención de la responsabilidad estatal y la necesidad de acciones concretas. Las reacciones del presidente y su equipo han intensificado la discusión sobre si las Fuerzas Militares actuaron dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, en lugar de abordar el problema fundamental: la prevención del reclutamiento forzado.
Contexto del reclutamiento en Colombia
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2025, han sido registrados 162 casos de reclutamiento forzado, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño los más afectados. En 2023, también se informó sobre la alarmante conexión entre el temor al reclutamiento y el suicidio entre jóvenes indígenas en el Pacífico colombiano.
A pesar de las alertas previas, las acciones han sido insuficientes. Esto se debe en parte a que durante décadas la discusión sobre seguridad ha estado centrada en el mercado de drogas ilícitas. La urgencia por prevenir el reclutamiento de menores se ha visto opacada por la guerra contra las drogas, que a menudo invisibiliza problemáticas igual de graves como el feminicidio y el reclutamiento forzado.
Colombia tiene una base sólida sobre la que construir estrategias efectivas; hay diagnósticos y programas estatales existentes que pueden ser reactivados. Sin embargo, la clave radica en la voluntad política para priorizar la protección de los menores. Un país no puede considerarse una “potencia de la vida” si no puede garantizar que sus niños y adolescentes no terminen en situaciones de violencia o reclutamiento forzado.
