Los exministros Luis Fernando Velasco, quien se desempeñó en el Ministerio del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, han sido imputados este lunes por su presunta participación en un significativo escándalo de corrupción vinculado al Gobierno de Gustavo Petro. Esta situación se relaciona con la desviación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), donde la Fiscalía les imputa delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por ofrecer dádivas a congresistas para obtener su respaldo legislativo.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, ha solicitado la detención domiciliaria de los exfuncionarios mientras avanza el proceso judicial. Durante la audiencia, que se extendió durante todo el día, Velasco y Bonilla se declararon inocentes. Velasco, un experimentado político de origen liberal, afirmó que presentará una versión alternativa a la de los testigos de la Fiscalía. “Espero que cuando nos escuche, se pueda confrontar lo que les han dicho a ustedes, porque el país solo ha escuchado una voz”, manifestó en una intervención virtual. Por su parte, Bonilla defendió su actuación, asegurando que actuó conforme a la Constitución y la ley, y reafirmó su inocencia.
Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los exministros habrían desviado dinero público de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas elegidos por varios congresistas, como parte de un esfuerzo para asegurar apoyos legislativos al Gobierno de Petro. La imputación sugiere que este entramado generó la creación de 79 contratos por un total de 612.000 millones de pesos, aunque solo siete llegaron a adjudicarse. Los beneficiarios, según la Fiscalía, estarían vinculados a las comisiones de Crédito Público y a diversas comisiones del Senado y de la Cámara.
Entre los casos investigados se documentan tres contratos del Invías en municipios de Bolívar, Córdoba y Arauca, gestionados a través del senador Julio Elías Chagüi, que pertenece al Partido de La U. La Fiscalía indica que Velasco actuó como el principal articulador político, participando en la selección de los congresistas beneficiados, determinando montos y priorizando obras para canalizar recursos. Estas decisiones, explicó la fiscal durante la audiencia, se tomaron en reuniones periódicas con otros funcionarios, donde se discutía cómo garantir la mayoría legislativa para el Gobierno.
Durante la audiencia, se presentaron interceptaciones telefónicas y conversaciones por WhatsApp que reconstruyen una reunión celebrada el 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño, en la que Velasco lideró un encuentro con Carlos Ramón González, en ese momento director del Departamento Administrativo de la Presidencia. En dicha reunión, se habrían dado instrucciones para ofrecer contratos a varios congresistas. González, excompañero del presidente Petro en el M-19, salió del Gobierno tras estallar el escándalo y se encuentra actualmente en Nicaragua, protegido por una circular roja de Interpol.
Las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y ahora testigo de la Fiscalía, han dado forma a la acusación. López y su exsubdirector Sneyder Pinilla compartieron detalles sobre reuniones en la Casa de Nariño y la estrategia para asegurar apoyos legislativos, que incluía conversaciones sobre los «cupos» y las asignaciones para congresistas específicos. López ha señalado que Bonilla dio la instrucción de firmar contratos por 92.000 millones de pesos que beneficiasen al senador Chaguí, subrayando que los municipios debieron declarar calamidades inexistentes para dirigir los contratos a proponentes previamente acordados con los legisladores.
A pesar de que los involucrados coinciden en que el entramado operó en secreto, el caso ha impactado la imagen del Gobierno de Petro, que ha promovido una bandera anticorrupción. En mayo, fueron capturados dos congresistas mencionados en el caso: Andrés Calle, quien era presidente de la Cámara, e Iván Name, presidente del Senado y aliado de González. Ambos están acusados de recibir dádivas a cambio de apoyar reformas sociales propuestas por el ejecutivo, compromisos políticos que, según la Fiscalía, forman parte de un sistema de corrupción.
Además, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz también ha sido enviada a prisión preventiva por su supuesta función como intermediaria entre los funcionarios del Gobierno y los congresistas implicados. Ortiz ha rechazado cualquier participación en el caso, que continúa ampliándose. La fiscal Patiño, al finalizar su intervención, calificó el caso como una “empresa criminal” bajo el liderazgo de Velasco y Bonilla.
