La Fiscalía de Colombia ha anunciado la inminente imputación de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Esta acción se debe a su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022. Raúl González, delegado de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ha informado que Roa es acusado de violar los límites de financiación de la campaña, un delito que puede conllevar penas de prisión de 4 a 8 años. Además, se le investiga por un posible tráfico de influencias en favor del coronel retirado Juan Guillermo Mancera, quien habría facilitado la compra de un apartamento a bajo precio a Roa y posteriormente recibió un contrato de Ecopetrol.
La situación de Roa se complica tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre del año anterior. La campaña que él gerenció fue multada por superar los límites de financiación en más de 5.300 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares). Esta sanción, aunque administrativa, llevó al CNE a remitir el caso a la Fiscalía para su revisión. Con el anuncio de este lunes, el ente fiscal ha decidido formalizar un caso penal en contra del presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa es considerado uno de los aliados más cercanos a Gustavo Petro, quien lo ha defendido ante las crecientes acusaciones en su contra. A pesar de la presión, Roa ha recibido el apoyo de la junta directiva de Ecopetrol, donde el Gobierno tiene el control de siete de los nueve asientos gracias a su participación accionaria del 88,49%. Este respaldo persiste a pesar de las preocupaciones sobre la gestión financiera durante la campaña, así como las acusaciones de favoritismo y un manejo inapropiado de recursos.
Un punto particularmente polémico en este caso es la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. La adquisición fue realizada a través de una compañía del empresario Serafino Iacono, conocido por su vinculación previa con la petrolera Pacific Rubiales. Mancera, el coronel en retiro, ha afirmado que jugó un papel crucial en la facilitación de esta compra. Las alarmas se encendieron cuando se descubrió que la empresa de Mancera, Gaxi SA ESP, fue contratada por Ecopetrol para la regasificación del gas importado, a pesar de ser una compañía de escasa experiencia.
El mes pasado, Iacono negó cualquier irregularidad en la transacción, afirmando que la compra de Roa fue un negocio legal y que había proporcionado toda la información requerida a las autoridades. La Fiscalía ahora investiga no solo la forma en que se realizó la compra, sino también si efectivamente existió tráfico de influencias en este proceso. Por su parte, Roa ha defendido su profesionalismo, señalando que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y enfatizando que los contratos de Ecopetrol se otorgan mediante procedimientos rigurosos y transparentes.
