Este lunes, se divulgó que un fiscal en Bogotá presentó una solicitud para realizar una audiencia de imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, Augusto Rodríguez. Rodríguez es considerado uno de los amigos más cercanos del presidente Gustavo Petro. La imputación se basa en su presunta responsabilidad en el delito de «prevaricato por omisión», debido a su falta de atención a las solicitudes de seguridad del senador opositor Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en junio del año pasado mientras llevaba a cabo su campaña presidencial en la capital.
La fiscal que formuló la solicitud argumentó que Rodríguez «no habría atendido los llamados de protección y mejora del esquema de seguridad del precandidato». Sin embargo, la Fiscalía anuló la petición de audiencia prevista para el 11 de febrero. Esta anulación se debe, según fuentes, a que la fiscal que la solicitó no formaba parte del equipo designado para investigar el magnicidio.
La decisión de no continuar con la imputación responde a las denuncias realizadas por la familia del exsenador, que habían advertido sobre la vulnerabilidad de su seguridad a pesar de que recibía amenazas constantes. El abogado de la familia declaró: «Hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto a su seguridad». A lo largo de 2025, se presentaron más de 23 solicitudes para reforzar la protección de Uribe Turbay, siendo la última el 5 de junio del mismo año, donde se justificaba la necesidad de atención a su seguridad.
A raíz del ataque, varios candidatos presidenciales decidieron suspender sus actividades en demanda de mayor protección de cara a las elecciones que se celebrarán a mitad de este año. Por su parte, Rodríguez ha negado cualquier negligencia y ha afirmado que las decisiones tomadas por el senador aumentaron su riesgo. En anteriores declaraciones, indicó que Uribe contaba con un esquema de protección robusto que incluía cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, mencionó que el senador optó por dividir su protección y limitar el número de escoltas, lo que contribuyó a su vulnerabilidad.
La Fiscalía ha logrado la captura de varios de los autores materiales del crimen y ha señalado a la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, como el presunto autor intelectual de este delito que ha conmocionado al país. La discusión sobre la responsabilidad del Estado en la protección del candidato se había mantenido en suspenso hasta la reciente noticia sobre la solicitud de imputación.
Rodríguez y el presidente Petro comparten un pasado en la guerrilla del M-19, y el presidente ha defendido en múltiples ocasiones a su amigo. Recientemente, un congresista de ultraderecha, Miguel Polo Polo, tuvo que retractarse de afirmaciones sobre la implicación de Rodríguez en el magnicidio, lo que generó reacciones en redes sociales, incluido un comentario de Petro que cuestionaba esta retractación.
