El Tribunal Superior de Bogotá ha decidido este jueves enviar a prisión a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, involucrados en el caso de corrupción más significativo del Gobierno de Gustavo Petro relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). La Fiscalía ha imputado a ambos por delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, al ofrecer beneficios a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Aunque solicitaron detención domiciliaria, el tribunal ha ordenado su encarcelamiento mientras continúa el proceso penal.
La magistrada Aura Rosero Baquero ha destacado la relevancia de los cargos que ocupaban estos exministros y su papel en lo que describe la Fiscalía como una «empresa criminal» que tenía como objetivo desfalcar al Estado para pagar sobornos a congresistas. La defensa ha presentado una apelación, pero mientras se resuelve el recurso, la decisión de encarcelarlos se mantendrá.
La Fiscalía sostiene que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Velasco y Bonilla redirigieron recursos públicos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas seleccionados por varios congresistas, asegurando así los votos necesarios para el Gobierno en el Congreso. Se ha señalado que se impulsaron 79 contratos por un monto total de 612.000 millones de pesos, aunque solo siete de ellos fueron finalmente adjudicados.
Un evento clave en la trama, conocido como el cónclave, tuvo lugar el 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño. En este encuentro, que según la acusación fue liderado por Velasco, se discutieron las estrategias de corrupción en coordinación con miembros del Ejecutivo y del Legislativo. Participó también Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien está actualmente prófugo y protegido por un asilo otorgado en Nicaragua.
Bonilla, académico de izquierda afín a Petro, ha tenido como testigo central a su exasesora, María Alejandra Benavides, quien ha confesado haber actuado bajo sus órdenes. Benavides firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y ha indicado que facilitó comunicaciones y reuniones entre funcionarios del Ejecutivo y congresistas. Los involucrados incluidos en esta trama son miembros de comisiones del Senado y la Cámara, que no pueden ser procesados por la Fiscalía, sino por la Corte Suprema de Justicia debido a su fuero.
Ambos exministros han proclamado su inocencia. Velasco, abogado, ha afirmado que contradecerá las declaraciones de los testigos presentados por la Fiscalía, expresando su deseo de que se escuche su versión. Por su parte, Bonilla subrayó que actuó conforme a la ley y defenderá su inocencia ante las acusaciones.
Con esta decisión, ya son tres los miembros del Gobierno de Petro recluidos por este escándalo. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, además del exdirector de la UNGRD Olmedo López y su adjunto Sneyder Pinilla, han admitido su implicación en la red de corrupción. También están implicados excongresistas como Iván Name y Andrés Calle, acusados de recibir sobornos para favorecer la agenda gubernamental.
