Las revelaciones recientes sobre los presuntos vínculos entre disidencias de las FARC y altos funcionarios del Estado, a partir de una investigación de Noticias Caracol, han causado un gran revuelo en Colombia. Los documentos, incautados a alias Calarcá, indican estrategias para establecer empresas fachada, facilitar acceso a armamento y pactar no agresiones con miembros de la Fuerza Pública. Además, se insinúan posibles vínculos con la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Todos los implicados han negado las acusaciones, tildándolas de montajes, una reacción que el país ha visto en numerosas ocasiones.
Este episodio es solo un capítulo más en una larga historia de infiltración criminal en la política colombiana, que, aunque parece novedoso, se inserta en un patrón recurrente a lo largo de las décadas.
1. Un ciclo histórico de infiltración
Las últimas tres décadas sirven como testimonio de cómo la cooptación criminal del Estado no es un evento aislado, sino un fenómeno estructural. Cada década ha traído consigo un escándalo: en los años noventa, el Cartel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper, culminando en el Proceso 8.000, donde se revelaron intervenciones directas de narcotraficantes en el escenario político. A pesar de las negaciones de Samper, el daño institucional fue profundo, marcando un antes y un después en la confianza pública.
Ya en el nuevo milenio, el gobierno de Álvaro Uribe se vio afectado por la infiltración del paramilitarismo en el DAS, el organismo de inteligencia del Estado. Su director, Jorge Noguera, fue condenado por entregar información a grupos ilegales, convirtiendo un ente creado para salvaguardar la democracia en una herramienta de criminales.
Hoy, durante el mandato de Gustavo Petro, emergen nuevas acusaciones que involucran a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y miembros del Ejército en supuestos pactos con disidencias de las FARC. Aunque aún no se ha comprobado del todo, la situación refleja un patrón ancestral: organizaciones criminales dentro de las estructuras del Estado, con funcionarios dispuestos a colaborar.
Ejemplos de la infiltración son numerosos: los casos de parapolítica, chuzadas ilegales y corrupción a nivel subnacional, todos indican que estas franjas de ilícitos no son hechos aislados, sino parte de un ciclo repetitivo.
2. La naturaleza de la infiltración criminal
Colombia tiende a interpretar estos fenómenos como ataques a un gobierno específico, lo que alimenta divisiones partidistas. Cuando el escándalo involucra a un presidente de izquierda, la derecha a menudo comenta que “ya se veía venir” y viceversa. Sin embargo, reducir estos incidentes a disputas políticas es un error. Se trata de una problemática institucional que va más allá de las ideologías.
Los grupos ilegales no buscan afinidades políticas; buscan puntos vulnerables. Y el Estado colombiano, con controles internos débiles y supervisión insuficiente, presenta demasiadas oportunidades para estos grupos, lo cual propicia la repetición del fenómeno. Los recuerdos de los escándalos no deben centrarse solo en el color del gobierno, sino en la fragilidad sistemática que permite la infiltración.
3. La erosión interna de la democracia
La historia reciente demuestra que la democracia colombiana no está en peligro por eventos extraordinarios, sino por una acumulación silenciosa de pequeñas complicidades. Actos individuales, como un funcionario que filtra información o un político que acepta financiación irregular, suman a una débil percepción de legalidad y ética. La institucionalidad se vuelve susceptible, y la ética se considera un lujo en lugar de una norma.
Además, muchas de las grandes revelaciones sobre corrupción han surgido no por los mecanismos del Estado, sino por informes fortuitos o investigaciones periodísticas, lo que evidencia que el sistema anticorrupción en Colombia no opera de manera efectiva.
La pregunta esencial que debe plantearse no es solo la magnitud del escándalo presente, sino la recurrente repetición de este ciclo en el tiempo. Mientras se perciba cada caso como un incidente aislado, continuaremos sin reconocer la raíz del problema: una institucionalidad incapaz de protegerse de la infiltración criminal.
Quizá la reflexión necesaria en este momento no sea sobre la culpa de alguien en particular, sino sobre nuestras propias actitudes y compromisos para evitar que esta historia se repita.
