Escándalos y Contradicciones en la Administración de Gustavo Petro
A pocos meses de las elecciones, el presidente Gustavo Petro enfrenta una semana marcada por escándalos políticos y judiciales. Las revelaciones sobre la infiltración del Ejército y la inteligencia por parte de disidencias de las FARC, que siguen en diálogo con el Gobierno en el marco de la paz total, han añadido una nueva capa de complicaciones a su gestión. Además, el Consejo Nacional Electoral sancionó a su campaña por ocultar gastos y exceder los límites permitidos de financiación. Todo esto ocurre en un contexto crítico para el mandatario, afectando su legitimidad y las bases de su política de paz.
Revelaciones de Infiltración Militar
La semana comenzó con la investigación de Noticias Caracol, que revela que un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) filtraron información sensible a las disidencias de las FARC, conocidas como el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que lidera alias Calarcá Córdoba. Estas filtraciones buscaban evitar operativos militares y facilitar el movimiento de las disidencias, lo que generó un amplio debate político.
Mientras figuras de la política de diversas orientaciones se expresaron sobre la gravedad de las denuncias, el presidente Petro descalificó la información como «falsa» y ordenó un examen forense de los mensajes implicados. En una alocución televisada, reiteró su «desconfianza» hacia los señalamientos.
Profundizando la Crisis Política
La tensión política se intensificó cuando la Fiscalía anunció su intención de pedir prisión preventiva para dos exministros: Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior. Ambos son investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). La Fiscalía les imputará delitos graves, incluyendo concierto para delinquir y cohecho.
Este nuevo desarrollo añade presión sobre Petro en un tema delicado como lo es la corrupción, un asunto que ha manchado persistente y profundamente la imagen del gobierno en Colombia. Los exministros están vinculados a una trama que señala desvíos de recursos públicos hacia congresistas a cambio de favores políticos.
Sanciones a la Campaña Electoral de Petro
El escándalo continuó cuando el Consejo Nacional Electoral anunció sanciones a la campaña de Gustavo Petro por violar los topes de financiación electoral en más de 5.300 millones de pesos colombianos (alrededor de 1,4 millones de dólares). Este es un hito, ya que es la primera vez que se sanciona a una campaña presidencial en Colombia por ocultar gastos.
Las multas no solo afectan a la campaña de Petro, sino también a los partidos que la respaldaron, como la Unión Patriótica y Colombia Humana, que deberán enfrentarse a consecuencias financieras. La situación pone en peligro la consolidación del Pacto Histórico, la coalición progresista que busca unirse para las próximas elecciones.
Reacciones y Perspectivas
Desde el oficialismo, Petro y sus aliados han rechazado las acusaciones, sosteniendo que no hubo financiamiento ilegal en su campaña. Sin embargo, la oposición ha intensificado las críticas, sugiriendo que las sanciones revelan problemas de corrupción desde antes de llegar al poder. La senadora María José Pizarro defendió la integridad de la campaña, mientras que líderes opositores como Paloma Valencia y Sergio Fajardo exigieron rendición de cuentas y la destitución de aliados cercanos a Petro, como Ricardo Roa, el gerente de campaña.
En este clima de crisis y acusaciones, el presidente Gustavo Petro se encuentra cada vez más acorralado. Con múltiples frentes abiertos, su administración enfrenta desafíos que podrían influir en el futuro político del país.
