En Cuajimalpa, el desarrollo inmobiliario avanza sin tregua, con la edificación de lujosos rascacielos en Santa Fe, una de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México. Un terreno de 165 hectáreas sobre la carretera México-Toluca ha atraído la atención de desarrolladores, pero en su interior había un refugio que albergaba a alrededor de 1,000 perros y gatos. Esto ha desatado un conflicto legal entre la Fundación Haghenbeck, propietaria del terreno, y la asociación que cuidaba de los animales, resultando en denuncias de maltrato animal y un operativo de desalojo que llevó al Gobierno de Clara Brugada a rendir explicaciones sobre su intervención.
Historia y Contexto del Conflicto
La Fundación Haghenbeck, cuyo fundador fue Antonio Haghenbeck, cedió verbalmente una parte del terreno al Refugio Franciscano hace casi 50 años para albergar animales rescatados. Este acuerdo se mantuvo sin problemas hasta la muerte de Haghenbeck, momento en el que sus sucesores reclamaron el control total del terreno, ahora invaluable en una zona de gran desarrollo. Según Gustavo García, abogado en materia de corrupción inmobiliaria, este caso es un claro ejemplo de cómo la especulación está fomentando una alianza entre particulares y servidores públicos para despojar a una organización civil de sus bienes.
El Desalojo y la Controversia Legal
Gonzalo Covarrubias, abogado de la Fundación, asegura que nunca hubo un contrato formal que diera derechos al Refugio sobre la propiedad. En cambio, el Refugio Franciscano menciona un documento del testamento de Haghenbeck, fechado en 1991, que prohíbe la venta de los bienes de la fundación y exige su uso para la protección animal “por el tiempo que fuera necesario”. En noviembre de 2020, la Fundación vendió el terreno a un fideicomiso del Banco Ve por Más por 650 millones de pesos, operación que fue notificada a las autoridades correspondientes. Sin embargo, el Refugio cuestiona esta transacción así como el cambio reciente en el uso de suelo para vivienda y oficinas.
El Desarrollo del Conflicto y el Desalojo
Antes de proceder con el desalojo, la Fundación ofreció reubicar al Refugio en un terreno en Xalatlaco, pero el refugio sostuvo que la alternativa no cumplía con los requisitos necesarios. Este desacuerdo se tradujo en varios litigios que incluyeron órdenes de desalojo y amparos. El 8 de diciembre, una magistrada emitió una sentencia a favor de la Fundación, y a pesar de que el refugio afirmó tener tiempo para apelar, las autoridades recuperaron la posesión del predio el 10 de diciembre.
Operativo de Desalojo y Condiciones de los Animales
El 13 de diciembre, tras el desalojo, la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía de la Ciudad de México visitaron el predio. El Refugio Franciscano alegó que hubo manipulación en las condiciones observadas, argumentando que el adecuado cuidado de los animales no pudo ser verificado en los días que siguieron a la toma del refugio. En un operativo el 7 de enero, al menos 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron aproximadamente 900 animales, descubriendo que al menos 798 mostraban signos de maltrato. Las autoridades reportaron casos de enfermedades y condiciones críticas entre los animales, además de muertes y hospitalizaciones.
Respuestas y Reacciones
La Fundación sostiene que el proceso de desalojo fue legal y que los ingresos de la venta del terreno asegurarán su labor por las próximas dos décadas, mientras que el Refugio argumenta que las cifras de animales rescatados son inexactas y que las condiciones fueron alteradas antes de la inspección. La controversia ha suscitado críticas hacia el Gobierno de la Ciudad de México por su intervención, defendida por el ejecutivo bajo razones de maltrato animal.
Implicaciones Legales y Urbanas
César Cravioto, secretario de Gobierno, negó que existan autorizaciones para proyectos inmobiliarios en el terreno. Según opina García, esta postura define un peligroso precedente que podría afectar la regulación del desarrollo urbano en la metrópoli, sugiriendo que la administración podría estar sobrepasando su autoridad. Esto plantea preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de propiedades y derechos en una ciudad guiada por la ley.
