Alberto González Amador ha solicitado que se considere la condena del ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos como motivo para anular el caso de fraude fiscal en su contra. Este pedido se encuentra en su escrito de defensa, presentado antes del juicio, al que tuvo acceso la prensa. En este documento, Amador argumenta que el derecho de defensa y la presunción de inocencia de su pareja, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, han sido vulnerados debido a la filtración de un correo en el que García Ortiz admitía su culpa buscando una reducción de pena.
El documento fue presentado el miércoles al juzgado de instrucción 19, antes de la fase de juicio. En este escrito, el novio de Ayuso plantea que se examine como cuestión previa la acumulación de «vulneraciones de derechos fundamentales» por parte del Ministerio Fiscal y del Gobierno de Pedro Sánchez.
El escrito de 33 páginas detalla que los actores involucrados en este proceso han transformado su rol como defensores de los derechos legales en una acción que ha dañado la defensa y la presunción de inocencia de Alberto González Amador.
Aún no se ha designado un juez penal en Madrid para juzgar a Amador ni se ha fijado una fecha para el juicio. Fuentes judiciales indican que el proceso podría retrasarse más de un año debido al colapso en los tribunales situados en el polígono de Julián Camarillo en la capital.
La investigación contra Amador se inició en Hacienda en mayo de 2022 y fue asumida por una jueza en Plaza de Castilla en marzo de 2024. En septiembre del año pasado, fue llevado a juicio, acusado de utilizar 15 facturas falsas para simular gastos y así reducir su cuota tributaria en el impuesto de sociedades, defraudando un total de 350,910 euros.
La solicitud de la defensa de Amador ignora la posición expresada por el Tribunal Supremo en su sentencia condenatoria. Los magistrados mencionaron que Amador no podría beneficiarse de la situación del entonces Fiscal General y señalaron que cualquier comunicación confidencial vinculada a un acuerdo de culpabilidad no debería ser utilizada como prueba. A este respecto, el Alto Tribunal concluyó que esta opción «está totalmente cerrada y es inacogible».
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