En noviembre de 2023, se publicó un artículo que anticipaba la preocupante situación que enfrentarían los colombianos debido a la falta de atención del Gobierno en el sector salud. En particular, se hacía mención del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, cuya gestión ha sido criticada por un desmantelamiento del sistema de salud vigente. Dos años después, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles alarmantes, y la obstinación del gobierno parece empeorar la situación.
Recientemente, una organización que representa a pacientes con enfermedades hepáticas y renales llevó su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo es obligar al gobierno de Gustavo Petro y al ministro Jaramillo a restablecer la atención médica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) brindaban antes de su llegada al poder. Actualmente, estos servicios se han visto perjudicados por la reducción de recursos estatales, una medida que el gobierno justifica de manera cuestionable.
No se puede ignorar que las EPS tienen muchas cuentas pendientes con el país, especialmente en lo que respecta a la atención de sus pacientes. Sin embargo, la estrategia del ministro Jaramillo, que ha sido denominado «doptor» por su enfoque inadecuado (una referencia que se explica en escritos anteriores), es errónea. Dejar de financiar a las EPS no es un castigo para estas entidades, sino una penalización directa a los pacientes. Su perspectiva limitada sobre el sistema de salud ignora el hecho de que, en ausencia de un modelo alternativo, debe integrarse a las dinámicas del sistema actual para no deteriorar la atención médica.
En este contexto, los enfermos crónicos han comenzado a experimentar la escasez de medicamentos, mientras que muchas personas se ven obligadas a destinar hasta el 50% de su salario para adquirir medicamentos en el mercado, que antes eran proporcionados por las EPS. La gravedad de esta situación ha resultado en la pérdida de vidas, un hecho del que el ministro ha sido incapaz de hablar abiertamente, lo que alimenta aún más la indignación social.
La crítica se intensifica cuando se observa que el ministro Jaramillo expresa su frustración hacia las EPS sin reconocer la corrupción que ha permitido que cientos de millones se desvanezcan bajo su supervisión. La falta de denunciantes respecto a los interventores de la Superintendencia de Salud plantea serias dudas sobre su compromiso con la protección de los intereses de 50 millones de colombianos que dependen del sistema de salud.
La actitud del ministro no solo es considerada inmoral, sino que también podría interpretarse como ilegal. Según la ley 1751, el Estado debe garantizar el derecho a la salud y abstenerse de tomar decisiones que afecten negativamente este derecho. La gestión de Jaramillo parece contraria a estas disposiciones, y surge la pregunta: ¿hasta cuándo se permitirá esta situación?
