El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, buscó este miércoles cambiar la narrativa pública en medio de controversias personales al anunciar la reforma del Código Penal. Este movimiento parece una estrategia para desplazar la atención de los recientes escándalos relacionados con un viaje en avión privado y la falta de claridad sobre su patrimonio. “No tengo nada que esconder”, afirmó Adorni, evitando proporcionar detalles sobre su situación económica debido a las investigaciones judiciales en curso.
Después de dos meses sin conferencias, la prensa abordó a Adorni con una serie de preguntas incisivas. La controversia comenzó con un viaje oficial a Nueva York, donde su esposa, Bettina Angeletti, se unió a la comitiva sin una función asignada. Adorni intentó justificarse diciendo que deseaba que ella lo acompañara, lo que generó más cuestionamientos.
Poco después, se divulgó un video que mostraba a Adorni abordando un avión privado junto a su familia rumbo a Punta del Este, Uruguay. Este viaje, que costó unos 10,000 dólares, ha llevado a la Justicia a investigar quién cubrió dicho gasto, que no se ajusta a su salario de aproximadamente tres millones de pesos (poco más de 2,000 dólares mensuales). Él viajó en compañía de su amigo Marcelo Grandio, un presentador de televisión que opera bajo su supervisión. Adorni insistió en que él había pagado el viaje, aunque las facturas presentadas no respaldan esta afirmación.
Durante la rueda de prensa, mostró un tono defensivo cuando un periodista le preguntó sobre sus gastos. “Mis decisiones de gasto no las voy a discutir contigo, que eres solo un periodista”, replicó. Sin embargo, el tema central que evitó abordar fue la procedencia de su patrimonio.
Adicionalmente, la diputada Marcela Pagano, quien inicialmente apoyó al partido de Milei, reveló que la esposa de Adorni registró una propiedad a su nombre en noviembre de 2024 en un barrio privado. Esta vivienda, ubicada en Indio Cua Golf Club, a 80 kilómetros de Buenos Aires, no figura en la declaración jurada de Adorni, al igual que otra propiedad en Martínez, en la zona norte de la capital. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, argumentó Adorni, insinuando que algunos de los activos denunciados podrían estar incluidos en su próxima declaración correspondiente al 2025, que aún no se ha presentado. También confirmó su residencia en un departamento en Caballito, que no aparece en la documentación proporcionada a la Oficina Anticorrupción (OA).
En respuesta a las acusaciones, Adorni afirmó que son parte de una “operación política y mediática” contra el gobierno de Milei, que se presenta como el “más reformista de la historia”. Mostró un tono menos provocador que de costumbre, expresando molestia por las denuncias que involucran a su familia.
Tras la conferencia, Milei utilizó sus redes sociales para criticar a quienes según él, son «ignorantes» y caen en las «operetas» de la política, alegando que ven “fantasmas” donde no existen. Por su parte, Adorni exigió disculpas a un periodista por una noticia publicada.
Iniciativas Oficiales
En un día en el que miles de argentinos conmemoraron el golpe de Estado militar de 1976, Adorni anunció que una de las prioridades del Gobierno es la “reconstrucción del instrumento militar”, destinando el 10% de los ingresos por privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa.
Asimismo, confirmó que el Ejecutivo enviará un paquete legislativo de cuatro leyes con el objetivo de “fortalecer la propiedad privada” y mencionó su intención de modificar leyes existentes que garantizan fondos para discapacidad y educación superior. “Aumentaremos solo a quienes realmente no pueden trabajar, no a los miles de discapacitados falsos a quienes el kirchnerismo les otorgó certificados”, aseguró.
Adorni también adelantó que se trabaja en una reforma del Código Penal, que incluirá el endurecimiento de penas y la tipificación de nuevos delitos, como “viudas negras” y “daño animal”, además de presentar al Congreso 60 pliegos de jueces y fiscales para ocupar vacantes en la Justicia, que actualmente opera al 60% de su capacidad.
