El Gobierno de Gustavo Petro Emite Nuevas Medidas Económicas en Medio de la Crisis Fiscal

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado medidas contundentes en respuesta a una creciente crisis fiscal en Colombia. En la noche del martes, se firmaron seis decretos, dos de los cuales incrementan la carga tributaria a las grandes empresas, mientras que otro busca transferir parte del ahorro pensional de los trabajadores al Estado. Esta situación se agrava en el contexto de serias inundaciones registradas en el Caribe y Chocó.

Nueva Carga Tributaria para Grandes Empresas

El decreto 173 reactiva el impuesto al patrimonio para personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos (unos 2,8 millones de dólares). Este impuesto, que será del 1,6% para el sector financiero y el extractivo, espera un recaudo de ocho billones de pesos (alrededor de 2.200 millones de dólares), aunque se estima que ANIF podría proyectar hasta 13,4 billones de pesos (3.600 millones de dólares). El objetivo es atender la emergencia económica, ante un déficit fiscal que se estima podría alcanzar 16 billones de pesos.

El Gobierno justifica estas medidas señalando la necesidad de que las grandes empresas, especialmente aquellas que generan externalidades negativas al medio ambiente, contribuyan más al Estado. Sin embargo, expertos han expresado su preocupación sobre la implementación de este impuesto, pues podría afectar la expansión empresarial y enviar una señal negativa a los inversionistas extranjeros.

Impacto en el Sector Eléctrico

El segundo decreto relevante, el 0177, exige que las generadoras de energía transfieran un 2% adicional sobre sus ventas brutas durante los próximos seis meses al Estado. Los fondos se destinarán a la recuperación de cuencas afectadas por la crisis hídrica. Además, se establecen nuevas reglas operativas para los embalses, lo que provoca inquietudes en el sector sobre su capacidad de inversión a largo plazo.

Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, ha cuestionado tanto la proporcionalidad de esta medida como su momento, argumentando que el sector ya enfrenta una pesada carga tributaria. A su vez, con el Gobierno sin ejecutar 2,6 billones de pesos del presupuesto de gestión del riesgo, se plantea la duda sobre la urgencia de nuevos recaudos en medio de estas condiciones.

Borrador de Decreto sobre Ahorro Pensional

Uno de los temas más controversiales es un borrador de decreto que propone transferir recursos desde los fondos de pensiones privados hacia Colpensiones. Las administradoras tendrían 15 días hábiles para girar todos los capitales y rendimientos de quienes optaron por cambiarse al régimen de reparto subsidiado de Colpensiones. Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP, ha manifestado que esta medida podría desestabilizar el sistema, sugiriendo que esos fondos debían administrarse de otra manera.

El exvicepresidente de operaciones de Colpensiones, Rodrigo Castillo, subraya que esta iniciativa podría ser ilegal, dado que contraviene la Ley 2381, que estipula que esos ahorros deben permanecer en las AFP hasta que el afiliado alcance la edad de jubilación. Castillo alerta sobre los riesgos financieros involucrados en forzar la liquidación de portafolios en un corto periodo de tiempo, lo que podría generar inestabilidad en el sistema.

Por su parte, el presidente Petro ha defendido esta medida, señalando que los traslados hacia Colpensiones ya eran una práctica previa a su gestión. Sin embargo, la urgencia del Gobierno en hacer estos giros parece tener un propósito financiero inmediato, en un momento en que el déficit fiscal se agrava.

Ante este panorama, las medidas emitidas por el Gobierno de Gustavo Petro reflejan una estrategia para gestionar la crisis económica que enfrenta el país, mientras se plantean serias interrogantes sobre su implementación y efectos en el futuro económico de Colombia.