El Gobierno de Claudia Sheinbaum logró, en octubre, frenar temporalmente los bloqueos impulsados por los campesinos, pero esa tregua no se ha mantenido un mes después. Los agricultores han demostrado una fuerza sin precedentes y el pasado martes se levantaron de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación debido a la falta de soluciones a sus demandas. Este grupo, que ha crecido en cohesión y coordinación con los transportistas, continuará con los cortes en las carreteras hasta que se aborden sus principales preocupaciones: la inseguridad en los trayectos y los bajos precios de venta de sus productos. La mera existencia de una mesa de diálogo no basta para disuadir las protestas, que han persistido de forma intermitente por más de un mes.
El acuerdo que inicialmente logró detener los bloqueos incluía un subsidio gubernamental de 950 pesos por cada tonelada de maíz, que beneficiaba únicamente a cerca de 90,000 productores del Bajío. Esta medida fue considerada insuficiente por los representantes del campo, quienes solicitan un precio de 7,200 pesos (aproximadamente 390 dólares) por tonelada, casi 1,200 pesos más de lo que ofrece el Ejecutivo. A pesar de haber logrado una breve pausa en las movilizaciones, los campesinos reactivaron sus protestas y el lunes pasado cerraron cerca de 40 vías en 22 estados.
La respuesta del Gobierno ha sido ineficaz frente a la firmeza del sector agrícola. La experta en movimientos sociales de la Universidad de Guerrero, Mariela Díaz Sandoval, señala que las «fisuras en el interior de Morena» y la «debilidad estatal» en cuanto a seguridad y certidumbre económica han facilitado esta coordinación inédita en el campo.
Las inconsistencias dentro de Morena se evidencian en las contradictorias declaraciones de sus miembros. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intentó desacreditar las protestas vinculándolas con la oposición, solo para ser desmentida por el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. La confusión aumentó cuando la propia mandataria negó las declaraciones grabadas de Rodríguez, quien mencionó que varios líderes de las protestas tenían investigaciones abiertas por sus acciones de protesta.
En relación con la inseguridad, las cifras indican que los robos de vehículo en carretera decrecieron ligeramente entre 2023 y 2024, de 3,204 a 3,196 incidentes, pero siguen siendo superiores a los 1,860 registrados en 2022, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal. Este problema se agrava con la creciente extorsión, un delito que el Gobierno aún no ha podido resolver, a pesar de que otros delitos, como los homicidios dolosos, han mostrado una disminución.
La especialista enfatiza la falta de resolución efectiva a las demandas de los campesinos. «Si bien existen canales de diálogo, esto no se traduce en acciones concretas para atender temas centrales como la violencia contra los transportistas y la crisis del campo», puntualiza. Francisco García, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, también ha expresado su frustración sobre la ineficacia de las mesas de trabajo, indicando que no se produjeron resultados tangibles.
Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, declaró que no hay voluntad política para resolver la crisis de movilidad y optó por abandonar la mesa de negociación, que incluía a varios funcionarios del Gobierno. Esta estrategia de establecer mesas de diálogo ha tenido poco éxito anteriormente. Un precedente relevante son las protestas de la Coordinadora Nacional de Maestros (CNTE), que lograron paralizar la capital mexicana durante casi un mes, sin llegar a acuerdos finales, lo que generó un estancamiento similar al de la situación actual.
El Gobierno ha intentado debilitar la autoridad de las manifestaciones al acusarlas de estar motivadas por intereses políticos externos. Sin embargo, Eraclio Rodríguez ha afirmado que su única vinculación política proviene del partido oficialista, del cual fue parte. El malestar social por la inseguridad se extiende transversalmente por la sociedad y se muestra indiferente al color político, aumentando la vulnerabilidad a una potencial crisis de violencia que el Gobierno no logran manejar, a pesar de los datos positivos en otros ámbitos. Las medidas concretas que se propongan determinarán si el creciente descontento se calma o se intensifica.
