Controversia en Chile tras la elección de José Antonio Kast
La elección de José Antonio Kast como presidente de Chile ha desatado una serie de controversias entre el oficialismo y la oposición, centradas en un polémico artículo del protocolo de reajuste del sector público. Este artículo, el 14, fue firmado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y diez organizaciones del sector público, estableciendo requisitos más estrictos para el despido de funcionarios a contrata, cuya vinculación es transitoria y finaliza cada 31 de diciembre.
Impacto de la nueva norma
El artículo ha generado preocupación en la futura administración de Kast, que asumirá el 11 de marzo de 2022. Considera que la norma actúa como una “ley de amarre”, limitando su capacidad de despedir empleados. Según un estudio del centro de estudios Horizontal, vinculado al partido de centroderecha Evópoli, alrededor de 33 mil funcionarios que ingresaron al Estado durante el gobierno de Gabriel Boric podrían beneficiarse de esta regulación. Sin embargo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha cuestionado esta cifra, argumentando que muchos funcionarios fueron simplemente trasladados, como en el caso de aquellos que pasaron de los municipios a los Servicios Locales de Educación.
Exigencias para los despidos
La regulación, que también cuenta con el respaldo del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, responde a un pedido de los gremios para asegurar la estabilidad laboral y establece que la no renovación de contratos o despidos solo podrán hacerse mediante actos administrativos debidamente fundamentados. Esto incluye criterios objetivos y la posibilidad de reclamar ante la Contraloría por vicios de legalidad. En caso de incumplimiento, el despido quedará sin efecto y el funcionario deberá ser reincorporado con sus remuneraciones completas.
Posición de la oposición
Desde la oposición, algunos diputados han señalado que el gobierno de Boric intenta consolidar a los funcionarios que llegaron a la administración pública. Kast, en su campaña, había prometido implementar recortes fiscales que podrían implicar una reducción de la dotación de empleados públicos, sugiriendo que se prescindirá de aquellos con vínculos políticos. Esta postura ha resonado especialmente luego de declaraciones sobre funcionarios que «no producen ningún beneficio» y un llamado a que abandonen sus cargos antes de su asunción.
Reacciones del sector político
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, ha calificado el artículo 14 como un “amarre” que podría perjudicar las relaciones con el oficialismo. Agustín Romero, también del partido, lo describió como un “fraude a la ley”, mientras que Guillermo Ramírez, líder de la UDI, habló de «corrupción institucionalizada». Las tensiones han llevado a amenazas de acusaciones constitucionales contra Grau, aunque no todos en la oposición apoyan dicha medida.
Defensa del artículo 14
Grau ha defendido la inclusión del mencionado artículo, argumentando que lo que realmente constituye un «amarre» es impedir el despido de un trabajador. En su defensa, afirmó que despedir a un funcionario en el sector público requerirá justificación y que estos tendrán el derecho a apelar en la Contraloría.
El debate sobre la modernización del Estado
La discusión sobre la estabilidad de los funcionarios públicos en Chile se ha prolongado durante años, con intentos fallidos de resolverla en administraciones anteriores. La inclusión de este tipo de normas en la legislación podría complicar aún más el proceso de modernización que busca el gobierno electo. Kast ha advertido que los abusos en los cargos públicos no serán tolerados y ha instado a aquellos funcionarios que no aportan beneficios al país a considerar dejar sus puestos antes de que él asuma la presidencia.
