Jurisdicción Agraria: Un Acuerdo Clave en el Debate Político de Colombia
El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un desafío importante en la aprobación de la jurisdicción agraria, un acuerdo clave establecido en el Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC. Esta jurisdicción busca resolver disputas sobre la tierra en el campo colombiano. Desde diciembre de 2024, la iniciativa había permanecido estancada tras recibir un sólido respaldo de los partidos en el Congreso, pero un reciente movimiento de la Agencia de Tierras la ha rescatado del olvido.
La Advertencia de Gustavo Petro
El presidente Petro ha manifestado que, si el Congreso no aprueba la jurisdicción agraria, denunciaría ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el incumplimiento del pacto de paz. Esta advertencia surge en un contexto político complicado, avivado por las declaraciones de la senadora opositora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Valencia acusó al Gobierno de intentar romper los acuerdos previos y mencionó una demanda que la Agencia de Tierras presentó ante la Corte Constitucional. Esta demanda busca, de forma temporal, que la Agencia tome decisiones sobre baldíos de la Nación y la extinción de dominio a predios rurales, sin necesidad de pasar por un juez.
La Larga Historia de la Agencia de Tierras y la Justicia Agraria
Desde el inicio del mandato de Petro, el Gobierno ha buscado eliminar la fase judicial en los procesos de tierras. Históricamente, la Agencia de Tierras y sus predecesores tomaron decisiones sobre tierras baldías y propiedad privada. Sin embargo, desde 2017, un decreto del Gobierno de Juan Manuel Santos determinó que estas decisiones deben recaer en jueces, con el fin de crear una jurisdicción agraria especializada. Sin embargo, han pasado ocho años sin avances tangibles, lo que ha dejado muchos procesos de recuperación de tierras paralizados.
La Estrategia de la Agencia de Tierras
Frente a esta parálisis, la Agencia decidió presentar su solicitud a la Corte, solicitando el permiso para actuar en la recuperación de tierras necesarias para la reforma agraria. Rodrigo Uprimmy, jurista de Dejusticia, argumenta que la mejor respuesta a esta situación es acelerar la aprobación de la jurisdicción agraria, en lugar de resistirse con acusaciones de incumplimiento.
Desafíos en el Congreso
Fuentes del Ministerio de Agricultura indican que la Agencia de Tierras se vio obligada a actuar debido a la inacción en el Congreso, donde los intereses de varios legisladores complican la discusión. Un ejemplo es el presidente del Senado, Lidio García, quien tiene procesos abiertos en la Agencia de Tierras relacionados con predios en Mahates (Bolívar).
Reacción del Sector Agrario
Otro opositor destacado a la jurisdicción, tal como se presenta actualmente, es la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Este gremio ha manifestado su preocupación de que las decisiones sean tomadas por la Agencia de Tierras, debilitando así la función de jueces y magistrados rurales y agrarios.
La Esperanza de la Ministra de Agricultura
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y defensora del proyecto, ha trabajado para mantener el consenso en torno a la jurisdicción agraria. Ha subrayado la importancia de actuar con rapidez, recordando que mientras la Agencia no actúe, será difícil recuperar los predios destinados al Fondo de Tierras para campesinos, como establece el Acuerdo de Paz.
El Futuro de la Jurisdicción Agraria
El avance hacia la aprobación de la jurisdicción agraria depende ahora de la agendación del debate en el Congreso. La propuesta de ley, que define las competencias y procedimientos para esta rama de la justicia, ha estado en proceso durante más de dos años. Se espera que, ante las recientes gestiones, el debate se lleve a cabo el próximo 21 de octubre en la Cámara, mientras que en el Senado aún queda pendiente.
