El Caso de Mauricio Santoyo: Un Vínculo Entre la Fuerza Pública y las AUC
En 2012, el general de la Policía Mauricio Santoyo se declaró culpable en una corte federal de Virginia, Estados Unidos, por conspirar para proporcionar apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante el periodo de 2001 a 2008, Santoyo mantuvo relaciones con esta organización criminal a través de la Oficina de Envigado, una estructura que operaba en conexión con las AUC y otras redes narcotraficantes. Reconoció haber suministrado información sobre investigaciones en curso, facilitado interceptaciones ilegales y alertado sobre operativos contra miembros de la AUC, por lo que recibió pagos a cambio.
La Confesión y su Impacto
La declaración de Santoyo no fue un simple reconocimiento de vínculos circunstanciales, sino que reveló el papel de sectores de la fuerza pública en la expansión del fenómeno paramilitar en Colombia. Su caso no solo comprometía su responsabilidad individual, sino que también evidenciaba cómo se había estructurado una convergencia entre organizaciones armadas legales y criminales.
La carrera de Santoyo estuvo marcada por posiciones clave dentro del Estado. Desde su mando en el Grupo Anti Extorsión y Secuestro (GAULA) de Medellín (1996-1999), hasta su puesto como jefe de seguridad en la Casa de Nariño durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), su trayectoria fue significativa en la lucha contra la criminalidad en el país.
Declaraciones de Narcotraficantes y Exjefes Paramilitares
La investigación que llevó a su condena incluyó testimonios de narcotraficantes como Francisco Flórez Upegui y Pedro Gallón Henao, quienes expusieron cómo la información de inteligencia policial llegaba a las redes narcotraficantes y paramilitares. Juan Diego Restrepo, en su libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, detalla que Santoyo actuó como un enlace con oficiales corruptos, facilitando esta comunicación crítica para la toma de decisiones en el ámbito criminal.
Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, mencionaron que Santoyo proporcionó información a las AUC sobre líderes de izquierda, así como defensores de derechos humanos y sindicalistas, a quienes la organización criminal consideraba como guerrilleros. Además, Juan Carlos el Tuso Sierra describió la colaboración entre la Oficina de Envigado y las AUC, señalando canales de información que protegían los intereses criminales.
La Convergencia Criminal en el Contexto Político
El caso de Santoyo es emblemático de cómo algunos sectores de la fuerza pública fomentaron el crecimiento del paramilitarismo en Colombia. No solo se limitó a omisiones en operativos, sino que utilizó información privilegiada para fortalecer a las AUC en Antioquia. Según Mancuso, Santoyo colaboró estrechamente con Carlos Castaño, uno de los líderes más notorios de las AUC.
Regreso a Colombia y Acogimiento a la JEP
Tras cumplir su condena en Estados Unidos y recuperar la libertad en 2020, Santoyo solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021, presentándose como un agente del Estado. Sin embargo, su situación complicaba su aporte a la verdad, dado que debía ampliar su declaración más allá de lo admitido en el extranjero y ayudar a esclarecer la interacción entre el Estado y las estructuras paramilitares.
La JEP le exigió que identificara a los funcionarios con los que colaboró, proporcionara detalles sobre las interceptaciones ilegales y ayudara en la búsqueda de personas desaparecidas. La JEP estableció que su aporte no fue satisfactorio, concluyendo que en una audiencia en noviembre de 2025, no ofreció una versión coherente que contribuyera a esclarecer la red de complicidades.
Consecuencias Legales y Futuro
Como resultado, Santoyo fue expulsado de la JEP, lo que significa que podría ser investigado por la justicia ordinaria. Esta decisión se basó en su falta de colaboración en el contexto colombiano, más que en sus confesiones previas en Estados Unidos.
Así, el caso de Mauricio Santoyo continúa revelando la compleja relación entre el Estado y las organizaciones paramilitares en Colombia, iluminando las dinámicas de poder que permitieron la convergencia entre la criminalidad organizada y la fuerza pública.
