El cambio en la imputación contra Nicolás Maduro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha modificado significativamente el rol de las FARC en el caso de narcotráfico que involucra a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela. Originalmente, en una imputación presentada en 2020, las FARC eran fundamentales en la acusación, pero en la reciente revisión, este grupo guerrillero y sus disidencias son mencionados solo como actores secundarios en un complejo panorama de narcotráfico en el que participan varios grupos ilegales.
Transformación de la acusación
Este cambio representa un giro importante en la estrategia legal contra Maduro en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La versión anterior sostenía que el expresidente venezolano formaba parte de un esquema “narcoterrorista” que incluía al “Cartel de los Soles” y a las FARC. Ante ello, figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich, líderes de la guerrilla que retomarían las armas tras el Acuerdo de Paz de 2016, eran acusados junto a Maduro. Sin embargo, en la nueva imputación, el Cartel de los Soles ha prácticamente desaparecido, y Márquez ya no es mencionado, mientras que Santrich falleció en 2021. En su lugar, se introduce a Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como «el Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua, como nuevo adversario en este proceso.
Eliminación de detalles clave
El documento actualizado ha eliminado numerosas menciones a las FARC que antes eran clave para demostrar una supuesta alianza con el gobierno de Maduro. Por ejemplo, se ha modificado una afirmación sobre cómo Maduro, al asumir la presidencia tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, participaba en el tráfico de cocaína en colaboración con las FARC y el Cartel de los Soles. La nueva redacción se limita a mencionar el tráfico de cocaína en términos generales, incluyendo ahora a otros grupos como el ELN, el Cartel de Sinaloa y los Zetas.
Desgaste de pruebas anteriores
Adicionalmente, el Departamento de Justicia ha descartado varios episodios que antes se consideraban esenciales para sustentar la conexión entre Maduro y las FARC. Un ejemplo notable es la alegación de que en 1999, durante las negociaciones de paz de las FARC, habrían acordado con líderes del Cartel de los Soles trasladar operaciones a Venezuela. Esta afirmación ha desaparecido en la nueva formulación.
Asimismo, el antiguo alegato de un megaesquema de lavado de dinero que implicaba a Maduro y a las FARC ha sido eliminado. Anteriormente, se sostenía que las FARC habían pagado a Maduro cinco millones de dólares por narcotráfico, un dinero que supuestamente se lavó mediante inversiones en Malasia. Esta narrativa también ha sido suprimida en la imputación revisada.
El contexto de la acusación
La primera imputación fue presentada en un momento crítico en Colombia, donde el Acuerdo de Paz se encontraba en una situación desfavorable. En aquella ocasión, Santrich e Iván Márquez eran identificados como figuras clave en los esfuerzos de narcotráfico ligadas a Maduro, pero esta información ha sido eliminada. La supervisión inicial de la imputación recayó en Emil Bove III, quien tenía un pasado tumultuoso en el Departamento de Justicia y ha tenido una carrera entrelazada con la política de Estados Unidos.
Conservación de algunas menciones
A pesar de las reducciones en la relevancia de las FARC en la nueva imputación, algunas referencias perduran, aunque en menor número. Se cita una supuesta reunión en 2020 en Medellín entre Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, y miembros de las FARC disidentes, donde se habría discutido el transporte de cocaína y armas. Además, se mencionan a los sobrinos de Maduro, condenados por intentar traficar 800 kilos de cocaína, quienes habrían declarado contar con un contacto vinculado a las FARC.
Proyecciones del juicio
Otro aspecto destacado en la acusación abordó un evento en 2019, cuando líderes guerrilleros anunciaron su regreso a la lucha armada y Maduro manifestó su apoyo público hacia ellos. A su vez, se mencionó el supuesto suministro de armas a las FARC por parte de un general venezolano, lo que añade más complejidad a la situación. Con estos cambios, la imputación contra Maduro afrontará ahora un juicio que podría prolongarse durante varios años.
