Un tribunal de Ecuador emitió este lunes un fallo contundente al declarar culpables a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro niños en el sur de Guayaquil. La sentencia incluyó 11 militares condenados a la pena máxima solicitada por la Fiscalía, que es de 34 años y ocho meses de prisión, por ser considerados responsables directos del delito. En cambio, un militar, que actuó como cómplice, fue absuelto, mientras que otros cinco soldados recibieron condenas de 30 meses tras acogerse a la cooperación eficaz, cuyos testimonios fueron clave para reconstruir los hechos en un contexto de desinformación y amenazas gubernamentales.
Los adolescentes Nehemías (15 años), Steven (11), Ismael (15) y Josué (14) fueron sometidos a una detención violenta por parte de los militares el 8 de diciembre de 2024. Las cámaras de videovigilancia documentaron cómo estos jóvenes fueron golpeados y arrastrados a camionetas militares antes de ser llevados a Taura, una zona rural remota a más de una hora de donde fueron vistos por última vez. El tribunal determinó que la patrulla violó el debido proceso al no entregar a los menores a la policía especializada en delitos de adolescentes y al acusarlos injustamente de robo. Además, se estableció que sufrieron torturas y tratos crueles.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que evidenciaron la gravedad del crimen. Se utilizaron testimonios, un chat entre los militares para coordinar un relato común, audios y un video que documentaron las torturas, que incluían golpes, amenazas y disparos. El fiscal argumentó que estos elementos demostraban la intención deliberada de infligir daño a los menores.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados calcinados el 24 de diciembre, 16 días después de su detención. Actualmente, se está desarrollando un nuevo juicio para identificar a los responsables de los asesinatos.
Medidas de Reparación
La sentencia impuso una multa de 385.000 dólares y estableció medidas de reparación y de no repetición. Entre las acciones ordenadas se incluye el pago de 10.000 dólares por cada militar sentenciado a las familias de las víctimas. Además, se ordenó que el Estado emita disculpas públicas a través de un medio nacional y realice una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, donde se reconocerá la responsabilidad del Estado y de la institución militar. Una placa con los nombres de las víctimas será colocada en la entrada principal de la base.
También se estipuló que los militares condenados deben participar en un programa de derechos humanos e intervención con población civil, incluidos niños y adultos mayores, con un mínimo de 120 horas anuales, como parte de las garantías de no repetición. Los jueces ordenaron además la restitución del honor de las víctimas, quienes habían sido acusadas falsamente de ser ladrones y miembros de bandas delictivas. Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, explicó la importancia de reparar el daño causado por estas acusaciones.
La sentencia también instruye a los militares y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana a emitir un comunicado nacional titulado “Rectificación y verdad del caso Malvinas”, que aclare que las víctimas nunca fueron delincuentes ni pertenecieron a grupos criminales, desmintiendo las afirmaciones falsas que se difundieron desde instituciones del Estado y algunos sectores de los medios.
“Política de Desapariciones Forzadas”
El fallo marcó un momento crucial para quienes han acompañado el caso, trayendo consigo una mezcla de emociones entre la indignación por las desapariciones y la pesadez de la desinformación sostenida durante meses. A pesar de que esta sentencia arroja luz sobre la desaparición, la búsqueda de justicia completa continúa abierta. Un nuevo proceso judicial avanza lentamente en relación con el asesinato de los menores.
Bastias explicó que, aunque los militares no pueden ser considerados penalmente responsables de la muerte de los niños, su participación en la desaparición forzada fue clave para el desenlace fatal. El caso ha permitido a los defensores de derechos humanos visibilizar lo que podría ser una política de desapariciones forzadas en Ecuador, implementada en 2024 en el contexto del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa.
Las familias de Ismael, Josué, Steven y Nehemías siguen en la lucha por verdad y justicia, una búsqueda que refleja la necesidad de todas las familias que han sufrido desapariciones forzadas en la costa ecuatoriana.
