Las presidencias de Belisario Betancur y Gustavo Petro presentan paralelismos significativos, especialmente en su enfoque hacia la paz y la ampliación de la democracia. En el discurso inaugural de Betancur, su famosa declaración emblemática, “Levanto una bandera de paz”, simboliza su compromiso con la reconciliación, solicitando el cese del derramamiento de sangre en Colombia. Sin embargo, su deseo se vio truncado durante el trágico suceso del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, donde la violencia imperó de manera devastadora.
De manera similar, el presidente Petro ha enfrentado críticas por una aparente contradicción entre su lema “Colombia, potencia mundial de la vida” y su decisión de bombardear un campamento guerrillero en el Guaviare, que resultó en la muerte de al menos 15 menores de edad. Aunque las circunstancias históricas y políticas son diferentes, ambos mandatarios han invocado razones de Estado para justificar sus decisiones, generando intensas controversias.
La Justificación de la Violencia
Betancur defendió su postura tras el asalto al Palacio de Justicia, argumentando la búsqueda de una solución legal, a pesar de que esa decisión contravenía la Constitución de 1886 y las normativas del Derecho Internacional Humanitario. En contraste, Petro sostiene que su actuación en el bombardeo está dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, considerando que los menores involucrados estaban armados y, por ende, se convertían en objetivos militares. Esta postura refleja la complejidad de la ética en la gobernanza cuando se lidia con situaciones bélicas.
Petro expone que cesar los bombardeos facilitaría el reclutamiento de más menores en las filas del conflicto armado, aumentando así el riesgo para estos niños en el futuro. Este razonamiento busca desincentivar la utilización de menores por parte de grupos armados, como lo ha sido la práctica del Estado Mayor Central de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco.
Ética de Responsabilidad
En una reciente alocución, Petro abordó la ética de responsabilidad, argumentando que detener los bombardeos enviaría un mensaje erróneo a los capos de la criminalidad. Así, subrayó que la lucha contra el narcotráfico y el reclutamiento de menores supone un reto continuo y que el uso de la fuerza debe ser una herramienta para proteger a la población. Este razonamiento también fue evidente en la respuesta de Betancur tras el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. La presión social y política llevó a Betancur a aceptar el Tratado de Extradición, una decisión inicialmente renuente.
Un Contexto Complicado
Ambos mandatarios comparten la ambición de alcanzar la paz, pero enfrentan un entorno de conflicto arraigado. Primero, está la relación entre grupos armados ilegales y el narcotráfico, que les proporciona recursos para continuar con la violencia. Segundo, esta criminalización ha llevado a que los grupos pierdan su identidad política y sus reivindicaciones sociales, como advirtió Betancur al señalar que en la violencia generada por el narcotráfico no había ningún propósito social o político.
Por último, la resistencia del establecimiento político a los cambios necesarios ha limitado las posibilidades de avance en sus agendas de paz y democratización. Betancur y Petro, cada uno a su manera, intentaron unir a Colombia y superar la división que ha permeado a la sociedad. A pesar de ello, las circunstancias complejas han hecho que estos ideales a veces se queden solo en palabras.
Este contexto y los desafíos que enfrentan cada uno de estos líderes resaltan la importancia de considerar el futuro político del país, especialmente de cara a las elecciones presidenciales y del Congreso en 2026. Una reflexión que invita a la ciudadanía a reevaluar su rumbo político y social.
