Tensiones entre el Gobierno Colombiano y Administraciones Locales a Mes y Medio de las Elecciones
A tan solo dos meses de las elecciones legislativas y a cuatro de las presidenciales en Colombia, se ha intensificado el conflicto entre el Gobierno nacional y las administraciones regionales y locales. Un episodio clave en esta tensión ha sido el anuncio de varios gobernadores de no implementar la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. Además, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ha solicitado a la Corte Constitucional que suspenda esta medida, lo que refleja un ambiente de creciente discordia, especialmente en Bogotá, que es fundamental para las elecciones al acoger uno de cada seis votos del país.
Choques Políticos en Bogotá
El director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Carlos Chacón, explica que la confrontación entre el presidente Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se debe a “diferencias reales en política pública”, pero también a un contexto político más amplio. Esta disputa no es nueva; se ha intensificado desde que el petrismo perdió en octubre de 2023 la oportunidad de hacerse con la alcaldía, que representa la segunda posición de elección popular más importante en Colombia. Petro propone grandes cambios estructurales, mientras que Galán se enfoca en la continuidad de proyectos y la gestión técnica.
Sus desacuerdos han abarcado múltiples temas, desde el tipo de metro para Bogotá y la crisis del agua, hasta la inseguridad y la crisis del sistema de salud. Una de las últimas controversias surge del aumento del 23% del salario mínimo para 2026, lo que también ha llevado a un incremento del 10,94% en la tarifa del sistema de transporte masivo, TransMilenio, que Petro ha criticado.
Impacto del Aumento del Salario Mínimo
El alcalde Galán ha manifestado que el incremento del salario mínimo, promovido por Petro, incrementará los costos en servicios cruciales como la salud y la educación. En una entrevista con Blu Radio, Galán advirtió que este aumento representará gastos adicionales de 100.000 millones de pesos en las cuatro subredes hospitalarias, exacerbando la crisis en el sistema de salud. También ha señalado que la medida afectará los costos de vigilancia y de servicios en más de 700 colegios públicos, lo que obligará a la ciudad a revisar su presupuesto. Sin embargo, Petro sostiene que este aumento no tendrá un impacto negativo en los costos y ha instado a los alcaldes a demostrar “eficiencia” en sus finanzas.
Proyecciones de Conflicto Electorales
Se anticipa que la fricción entre estos gobernantes aumentará en los próximos meses, especialmente en febrero, cuando vencen los contratos para la recolección de basuras en Bogotá. La Alcaldía buscará la aprobación del gobierno nacional para su plan de recolección. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ya ha rechazado en dos ocasiones la solicitud de la Alcaldía para mantener el modelo actual de áreas exclusivas, obligando a una transición hacia un sistema de libre competencia.
La seguridad también se perfila como un punto de conflicto, ya que representa una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos de Bogotá. En 2025, la ciudad experimentó un resurgimiento de la violencia, destacando el asesinato del senador opositor Miguel Uribe. La percepción de inseguridad alcanzó niveles críticos, con un 62% según la iniciativa Bogotá Cómo Vamos. Galán ha exigido al Gobierno nacional un aumento en el pie de fuerza y un endurecimiento de las medidas de justicia, mientras Petro atribuye este problema a la falta de inclusión social.
Perspectivas para el Futuro
Felipe Botero, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, destaca que la confrontación entre Petro y Galán refleja no solo diferencias personales sino también tensiones estructurales entre el gobierno central y los gobiernos locales. A medida que se acercan las elecciones, se demuestra que el bajo perfil de Galán ha cambiado con el aumento del salario mínimo, señalando la necesidad de que el gobierno nacional asuma sus responsabilidades en lugar de trasladarlas a los administradores locales.
Esta situación no solo afecta la gestión pública en Bogotá, sino que también genera un contexto electoral tenso que podría influir en las decisiones de los votantes en las próximas elecciones.
