El coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, ha sido condenado a 20 años de prisión por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia. La condena se debe a su participación en el asesinato de 72 personas, quienes fueron presentadas falsamente como muertas en combate. Esta sentencia representa la máxima sanción posible, ya que Mejía no reconoció su responsabilidad y se sometió a juicio, donde se probó su culpabilidad. La JEP determinó que el coronel creó un aparato criminal en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, que comandó entre 2002 y 2003.
Mejía, un oficial de alto rango y condecorado, se convierte en el primer militar condenado por la justicia transicional establecida en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. La estructura criminal que lideró se basó en una alianza con el frente paramilitar Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este vínculo condujo a la ejecución de 72 personas inocentes, que fueron disfrazadas como guerrilleros o paramilitares caídos en combate, en un proceso conocido en Colombia como “falsos positivos”. Este fenómeno destaca como uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en el país.
Detalles de la Sentencia
La decisión de la JEP desmantela la narrativa de la defensa de Mejía, quien argumentó haber salvado al departamento del Cesar de los grupos armados. Durante el juicio, uno de sus subalternos lo describió como un “norte a seguir”, a pesar de que las evidencias revelaron diversas modalidades de asesinato. Bajo su mando, el Batallón La Popa ganó notoriedad por resultados operacionales que ahora se consideran engañosos.
Alianzas con los Paramiliitares
De acuerdo con la JEP, Mejía y su batallón colaboraron en 34 asesinatos en complicidad con el frente paramilitar. En uno de estos casos, Jesús Emilio Márquez Gutiérrez fue asesinado a instancias de los paramilitares y luego se hizo pasar por guerrillero muerto en combate. De igual manera, Anuar de Armas Rincones fue entregado al Ejército tras ser señalado injustamente de ser guerrillero.
La colaboración entre los militares y los paramilitares fue tal que estos últimos incluso accedían a las instalaciones del batallón y participaban en la planeación de operaciones. Un testigo citó a Mejía refiriéndose a los paramilitares como «sus fuerzas especiales».
Vulnerabilidad de las Víctimas
En 18 de los asesinatos, el modus operandi implicaba la movilización de civiles vulnerables que eran engañados y asesinados. Por ejemplo, Manuel Regino Romero Negrete y su sobrino Avelino Vega Gutiérrez fueron asesinados tras ser identificados erróneamente como responsables de un robo. De igual forma, varios jornaleros fueron detenidos por el batallón y presentados como guerrilleros después de ser asesinados.
Masacre de Paramiliitares Heridos
Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en octubre de 2002, tras una llamada del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez al coronel Mejía sobre un supuesto secuestro. Después de un enfrentamiento, los soldados ejecutaron a 18 paramilitares heridos y los presentaron como miembros del ELN. Los cuerpos aparecieron con brazaletes de esa guerrilla, aunque se descubrió que estaban vinculados con las AUC.
Obstrucción a la Justicia
La JEP también ha señalado que Mejía implementó estrategias de encubrimiento, utilizando documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los crímenes. Como resultado, se han solicitado investigaciones contra varios jueces penales militares por su inacción ante estas violaciones de derechos humanos. Además, se ha solicitado la comparecencia de otros altos mandos militares relacionados con Mejía.
A pesar de su condena, Mejía puede apelar la decisión. Anteriormente, había sido condenado en la justicia ordinaria por sus alianzas con los paramilitares y cumplió una pena de 10 años. En 2017, se acogió a la justicia transicional, lo que le permitió salir de prisión; sin embargo, la JEP ha decidido retirar las condecoraciones que posesionó durante su carrera.
