Nuevo decreto fiscal del Gobierno de Gustavo Petro: Aumento de impuestos al tabaco y el licor
El Gobierno de Gustavo Petro ha implementado un controversial decreto que incrementa los impuestos al tabaco y al licor en Colombia en niveles sin precedentes. Esta medida, enmarcada en una emergencia económica, ha suscitado un intenso debate sobre sus implicaciones legales y económicas. Mientras que desde Bogotá se presenta como un salvavidas fiscal, en las regiones y en los sectores productivos surge la preocupación de que esto podría articular una oportunidad para el crimen organizado.
Impacto del aumento fiscal
El incremento del 175% en el impuesto específico a los cigarrillos ha llevado a que el precio de una cajetilla alcance los 18.000 pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente cinco dólares. Según Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, este aumento puede ser un «plan de expansión para las mafias». Destacan estudios que sugieren que, a medida que las tasas impositivas aumentan, el contrabando podría ascender rápidamente, alcanzando hasta el 80% del mercado en un corto período.
La consultora Strategos BIP señala que el mercado ilegal de tabaco ya representa el 36% del total, lo que refuerza las proyecciones de incremento del contrabando. Investigaciones realizadas por la Universidad de los Andes revelan que por cada 10% de aumento en los impuestos, el contrabando se incrementa en un 7%. Comparaciones con Ecuador reflejan un fenómeno similar, donde el contrabando se disparó del 5% al 53% tras aumentos de impuestos.
Mercado del licor: un panorama preocupante
La situación en el sector del licor es igualmente alarmante. El Ron Viejo de Caldas ha proyectado aumentos de precio de hasta el 55%, alcanzando los 84.604 pesos (23 dólares). En contraposición, el crimen organizado ofrece alcohol adulterado a precios significativamente más bajos, poniendo de relieve no solo el impacto fiscal, sino también las consecuencias en la salud pública. Buitrago advierte que las mafias podrían utilizar el producto barato no solo para incrementar sus márgenes de ganancia, sino también para lavar dinero proveniente del narcotráfico y consolidar su control territorial.
Perspectivas de salud pública frente al contrabando
A pesar de las proyecciones sombrías, algunas voces desde el ámbito de la salud pública son escépticas. Blanca Llorente, economista de la Universidad Javeriana, argumenta que la industria tiende a manipular datos para influir en las decisiones gubernamentales. Según su análisis, tras un incremento de impuestos en 2016, el consumo de tabaco cayó en un 16% sin que el mercado ilegal reaccionara de forma significativa. Llorente subraya que el verdadero problema detrás del contrabando es la falta de control policial más que la presión fiscal.
Economía y comportamiento del consumidor
Camilo Herrera, fundador de la consultora Raddar, plantea que el Gobierno comete un error si su única meta es la recaudación. Argumenta que una reducción de impuestos podría haber fomentado un mayor consumo legal. Resalta que los consumidores de bebidas alcohólicas no son propensos a cambiar sus hábitos de consumo, sino que ajustan sus gastos en otras áreas. Esto sugiere que el decreto puede llevar a un desplazamiento del gasto más que a una reducción del consumo.
Desafíos financieros para los departamentos colombianos
Mientras el debate continúa, el impacto fiscal ya es evidente. La Gobernación del Valle del Cauca reportó una drástica caída en la recaudación de impuestos, con una disminución del 81,6% en comparación con el año anterior. A pesar de las promesas del Ministerio de Hacienda de compensar a los departamentos, la incertidumbre sobre la autonomía fiscal se intensifica en un contexto de iliquidez gubernamental.
Un sistema insostenible a largo plazo
Los expertos advierten que este modelo fiscal es insostenible. Aunque Colombia recauda aproximadamente tres billones de pesos anuales por impuestos al alcohol, los gastos relacionados con las consecuencias de su consumo ascendieron a 11 billones. La situación pone de relieve una contradicción en la política fiscal del país, donde el Estado depende de los ingresos generados por actividades que impactan negativamente en la salud pública.
