Colombia: Violencia y riesgo de fraude ponen en jaque las elecciones 2023

Colombia: Violencia y riesgo de fraude ponen en jaque las elecciones 2023

Violencia y Riesgo Electoral en Colombia: Perspectivas de las Elecciones 2026

En Colombia, la violencia se ha intensificado y se suma a los peligros del fraude electoral en el camino hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. A casi una década de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, el país enfrenta amenazas de diversos actores armados que ponen en jaque a las comunidades. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el mapa de riesgo electoral se tiñe de rojo, naranja y amarillo en varias regiones, a medida que los colombianos se preparan para regresar a las urnas.

Riesgo Electoral: Un Análisis de la MOE

De los 1.100 municipios en Colombia, 170 presentan algún nivel de riesgo electoral, donde convergen factores de fraude y violencia, según el reciente informe de la MOE titulado Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026. Este estudio, elaborado por 37 investigadores de 17 instituciones, revela que 81 municipios se encuentran en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a las elecciones de 2022, que reportaron 131 municipios en riesgo.

“Es esencial que se establezcan medidas de articulación entre las autoridades nacionales y locales en estos 170 municipios, especialmente en los 81 de riesgo extremo”, advirtió Alejandra Barrios, directora de la MOE. Estas localidades representan aproximadamente el 11% del censo electoral, lo que implica un impacto potencial en 2.386 puestos de votación, el 17% del total existente en el país.

La Violencia como Amenaza Electoral

La violencia ha marcado la campaña electoral, especialmente tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Un análisis de la MOE indica que 339 municipios enfrentan riesgo por factores de violencia, de los cuales 126 están en riesgo extremo. Pese a la desmovilización de las FARC, un vacío de poder ha permitido que surjan nuevos grupos armados, generando un paisaje de caos en muchas regiones del país.

“Desde la firma del acuerdo de paz, no habíamos observado un número tan alarmante de municipios en riesgo extremo”, añadió Barrios. El informe clasifica cinco tipos de violencia que afectan el riesgo electoral, que van desde el control territorial consolidado hasta la violencia política selectiva, afectando directamente la participación ciudadana y la libertad de prensa.

Corredores de Riesgo y Circunscripciones de Paz

El corredor del Pacífico colombiano, especialmente en el departamento del Cauca, es uno de los más críticos, donde la violencia también impacta a Buenaventura y Chocó. Asimismo, la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, enfrenta una crisis humanitaria significativa y ha registrado desplazamientos y confinamientos que perjudican el derecho al voto.

Las Circunscripciones de Paz, o circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep), presentan niveles elevados de riesgo. En estas áreas, las víctimas del conflicto armado compiten por escaños especiales en la Cámara de Representantes. Estas circunscripciones buscan no solo ampliar la representación territorial, sino también contribuir a la reparación de comunidades golpeadas por la guerra.

“El 45% de los municipios en las CITREP están en riesgo extremo por factores de violencia”, concluye la MOE. Esto resalta la necesidad urgente de implementar garantías electorales que eviten el amedrentamiento de los votantes y la reconfiguración de puestos de votación en áreas rurales.

Asesinato de Miguel Uribe y sus Implicaciones

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha resaltado la severidad de la crisis de derechos humanos en Colombia. Según Human Rights Watch (HRW), Colombia es uno de los países con más defensores de derechos humanos asesinados. El informe de HRW indica que la violencia está empañando el proceso electoral, poniendo en riesgo los derechos civiles y políticos en 224 de los 1.103 municipios del país.

Estos datos resaltan la necesidad de adoptar medidas inmediatas y urgentes para salvaguardar la integridad del proceso electoral en un contexto de creciente violencia e inseguridad.

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