La tensión comercial entre Colombia y Ecuador se ha intensificado notablemente. Este martes, el Gobierno de Gustavo Petro implementó, a través del decreto 170 de 2026, un arancel del 30% sobre las importaciones de 23 partidas arancelarias de productos originarios de Ecuador, que abarcan un total de 73 subpartidas. Esta medida es una represalia a la «tasa de seguridad» impuesta por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el pasado 1 de febrero, la cual también gravó las mercancías colombianas con el mismo porcentaje. Entre los productos colombianos afectados se encuentran arroz, fríjol, plátano, azúcar de caña y pescado.
El decreto no solo repercute en el comercio de productos agrícolas, sino que también impone restricciones a la entrada de insumos químicos, justificándose en motivos de seguridad nacional. Se prohíbe el ingreso por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís de sustancias utilizadas en la producción de fentanilo, como el ácido clorhídrico, el éter etílico y el tolueno.
Un conflicto con trasfondo político
Este conflicto tiene un origen político claro, dado que enfrenta a dos presidentes de ideologías opuestas: el conservador Daniel Noboa en Ecuador y el progresista Gustavo Petro en Colombia. El 6 de febrero, las cancilleres Rosa Yolanda Villavicencio (Colombia) y Gabriela Sommerfeld (Ecuador) se reunieron en Quito para discutir la agenda bilateral. Durante esta reunión, Colombia solicitó la suspensión del arancel del 30% impuesto por el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE). Sin embargo, Ecuador decidió aplazar cualquier decisión hasta resolver otros temas de seguridad y cooperación energética. Ante esta negativa, Colombia emitió el decreto de represalia y presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, alegando que se estaba violando el Acuerdo de Cartagena de 1969.
Implicaciones económicas
La implementación del decreto marca un punto álgido en las relaciones comerciales, que ya estaban fracturadas. Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, y en respuesta, Quito aumentó el costo del transporte de petróleo colombiano a través de sus oleoductos, elevándolo de tres a 30 dólares. Esto pone en riesgo a economías que dependen de las regalías, como el departamento del Putumayo.
A pesar de la escalada de tensiones, el comercio bilateral había mostrado un crecimiento. En 2025, Colombia importó bienes de Ecuador por aproximadamente 858 millones de dólares, lo que representó un incremento del 7% en comparación con el año anterior. Aunque esto representa solo un poco más del 1% de todas las importaciones de Colombia, el comercio generó un superávit de 1.016 millones de dólares para el país.
Impacto en consumidores y empresas
En el corto plazo, el arancel será asumido por los importadores en la frontera, pero este costo se trasladará rápidamente al consumidor final debido a ajustes de precios. En el mediano plazo, las empresas que dependen de insumos importados pueden absorber parte del impacto, reduciendo márgenes de ganancia y ajustando su producción. A largo plazo, según estudios del Fondo Monetario Internacional, los aranceles pueden reducir la producción y la productividad, aumentando el desempleo y la desigualdad. Esta situación, que se presenta como un castigo a un socio comercial, termina en un costo que recae sobre los consumidores y la economía en general.
