Nueva Metodología de Tarifas de Agua en Colombia

El Gobierno colombiano ha anunciado esta semana una modificación significativa en el esquema que regula las tarifas del agua, afectando a 188 prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado, alrededor de 30 millones de usuarios. Esta reforma, presentada por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), no establece un precio único ni implica un aumento o reducción inmediata en los costos, sino que revisa la metodología empleada para calcular las tarifas.

Enfoque en la Eficiencia y la Justicia Tarifaria

La nueva estructura busca priorizar el “derecho humano al agua y al saneamiento básico”, garantizando que los hogares paguen tarifas justas. En este nuevo modelo, se condicionan los cobros según indicadores de eficiencia de cada empresa, se otorga mayor relevancia a las inversiones futuras y se hacen más visibles los costos ambientales asociados al servicio. Este enfoque contrasta con el modelo previo, que estaba en vigencia desde 2014 y no reflejaba adecuadamente la eficiencia operativa en las tarifas finales.

Revisión del Índice de Agua No Contabilizada

Uno de los cambios más destacados es el endurecimiento de las normas sobre el índice de agua no contabilizada, que mide las pérdidas de agua debido a fugas, errores de medición y conexiones ilegales. En la metodología anterior, las empresas podían trasladar hasta el 30% de estas pérdidas a los usuarios como si fueran costos operativos normales. Bajo el nuevo esquema, las empresas deberán establecer metas de reducción de pérdidas, que serán revisadas y aprobadas por las autoridades pertinentes.

Inversiones y Sostenibilidad

La reforma también modifica cómo se incorporan las inversiones en el cálculo de tarifas. Ahora, las empresas solo podrán incluir obras en funcionamiento o planes de inversión efectivos, lo que significa que los usuarios solo asumirán costos adicionales cuando estos proyectos tengan un impacto real en el servicio. Además, se introducen incentivos para promover la sostenibilidad, como el tratamiento de aguas residuales y la protección de fuentes hídricas, enfatizando la responsabilidad ambiental en el costo final de las tarifas.

Reacciones del Sector

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) ha expresado preocupaciones sobre la viabilidad de las nuevas obligaciones, advirtiendo que podrían traducirse en un incremento de costos y, en consecuencia, presionar el alza de las tarifas en un contexto económico complicado. La agremiación cuestiona la aplicación uniforme de estos estándares en todas las regiones del país.

Expectativas de Implementación

La nueva regulación entrará en vigor el 1 de julio, con una implementación gradual que exige a las empresas definir y cumplir sus metas de eficiencia para 2027. Andesco ha señalado que la falta de tiempo podría dificultar la transición y generar condiciones insostenibles para los prestadores. Los expertos coinciden en que es crucial establecer un proceso claro sobre cómo se medirá la eficiencia para evitar impactos abruptos en las tarifas.