A menos de un mes de las elecciones de consultas y Congreso, la incertidumbre sobre el resultado final de la elección presidencial en Colombia se mantiene. El proceso electoral, que se desarrollará en tres vueltas, presenta un panorama abierto, aunque ya se vislumbran ciertos favoritos en las encuestas. Sin embargo, estos no participarán en las consultas, que se han configurado como una especie de primera vuelta incompleta. El 8 de marzo, el escenario político podría alterarse de manera significativa. Una cuestión clara es que las normas electorales enfrentan serios problemas, el diseño del Consejo Nacional Electoral es cuestionable y el sistema de consultas requiere revisión.
La cantidad de más de 90 aspirantes entre candidatos de partidos y por firmas en la fase inicial de la contienda presidencial no necesariamente fortalece la democracia. Muchos de estos candidatos carecen de la intención o del respaldo necesario para llegar al final de la contienda, utilizando el proceso electoral como plataforma para hacerse publicidad con miras a futuros cargos o al ascenso político. Asimismo, la política colombiana se ve afectada por la doble función del Consejo Nacional Electoral, que se ve obligado a tomar decisiones jurídicas en un ente que debería funcionar con base en mayorías. Estas decisiones, en tiempos de campaña, tienen un impacto directo en la competencia democrática.
Las reglas del juego en las consultas son ambiguas. Aún se cuestiona si un candidato puede participar en una o en dos consultas y bajo qué condiciones. La falta de claridad sobre cómo y cuándo un candidato puede desistir agrega confusión; incluso, se permiten consultas en fechas múltiples sin un marco regulatorio claro. Las interpretaciones de las normas son flexibles y se ajustan a las necesidades políticas, permitiendo a los candidatos cambiar de partido a su conveniencia, mientras que las normativas de doble militancia parecen no contener esta dinámica. En este contexto, la legislación parece adaptarse para favorecer intereses particulares.
En medio de esta confusión, muchos ciudadanos se sienten desorientados sobre el proceso electoral. Para una gran parte de los electores, que siguen las campañas a través de memes y redes sociales, la desinformación puede ser palpable en las urnas. La estrategia de algunas campañas parece enfocarse en la confusión y la polarización, donde se vota en contra de un candidato más que a favor de un proyecto específico. Así, el descontento puede ser un motivador fuerte, pero la falta de identificación con un candidato puede hacer que estos votos sean volátiles.
Es indispensable simplificar y ajustar las consultas para que se conviertan en el espacio democrático que deberían ser, en lugar de herramientas al servicio de maniobras politiqueras. Sin embargo, el panorama es desalentador, dado que múltiples intentos por regular la actividad política han fracasado. Muchos proyectos se han quedado estancados en el Congreso, y aquellos que se convirtieron en leyes a menudo benefician a unos pocos, perpetuando el clientelismo como modus operandi en la política colombiana.
En este contexto complejo, los colombianos acudirán a las urnas el 8 de marzo para elegir al nuevo Congreso y a algunos de los candidatos que avanzarán hacia las elecciones de mayo. En estas votaciones, la influencia de la maquinaria electoral será crucial, lo que dificulta cualquier tipo de pronóstico. Las encuestas pueden no capturar factores como el voto coaccionado o el clientelismo, lo que hace que la incertidumbre prevalezca en la política colombiana.
